HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
La “guerra” entre los gobernantes y plataformas como Facebook y Twitter ha iniciado este año con dos grandes episodios: El primero en Estados Unidos de Norteamérica, producto de la decisión de borrar publicaciones y suspender las cuentas personales del entonces presidente Donald Trump;.
El segundo en nuestro país, con los ataques del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en contra de Twitter, acusando a la plataforma de atacar a su gobierno y denunciando que uno de sus empleados tuvo vínculos con el Partido Acción Nacional.
Por supuesto que las plataformas se han defendido, señalando que la suspensión de la cuenta de Trump obedeció a violaciones directas a sus políticas por incitar la violencia; y en México, Twitter precisó que sus empleados no tienen injerencia en el tipo de publicaciones que se permiten o se prohíben dentro de la plataforma, por lo que la acusación de López Obrador carecía de sustento.
En este contexto, surgen nuevamente voces radicales en todo el Mundo, como la de Ricardo Monreal Ávila, senador de Morena, que consideran indispensable que se regule desde el Estado a las empresas que brindan el servicio de Redes Sociales, proponiendo reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar que se respete la libertad de expresión de todos sus usuarios, en una iniciativa con muchas imprecisiones, aparentes inconstitucionalidades y posibles violaciones al T-MEC.
Un primer cuestionamiento a esta postura, es que pasa por alto que las plataformas de Redes Sociales son espacios privados, por lo que su utilización es completamente voluntaria y, por ello, no debiera ser labor del Estado fijar las reglas comunitarias que cada plataforma decida utilizar (“mi casa, mis reglas”).
No podemos olvidar que por muy públicas que ahora nos parezcan, siguen siendo empresas de propiedad privada y, por consecuencia, si a alguien no les gustan sus reglas, tiene el derecho de no utilizarlas (incluidos presidentes y senadores).
Otro cuestionamiento, es que se corre el riesgo de sobrerregulación o excesiva injerencia estatal, a tal grado que lejos de prevenir violaciones a la libertad de expresión, éstas se pudieran fomentar desde el propio Estado, dejando de ser las plataformas -como Facebook y Twitter- las que decidieran qué se puede y qué no se puede publicar, y que esas decisiones las tome algún burócrata, lo cual me parece escalofriante.
Un tercer cuestionamiento sería el hecho de que obligar a las Redes Sociales a darle voz a todos sus usuarios -sin importar que violen sus políticas comunitarias- bajo el argumento de la libertad de expresión, sería tan excesivo como obligar a los periódicos a publicar cualquier carta o columna de opinión que reciban de cualquier persona.
Sin embargo, es un hecho que los usuarios de las Redes Sociales hemos quedado irremediablemente atrapados en medio de esta batalla y, por ello, al estar ya plenamente demostrado el gigantesco poder y el alto impacto que las decisiones de estas grandes plataformas pueden tener en sociedad y gobierno, coincido en que es imposible ignorar la necesidad de una regulación especial, considerando que el tipo y alcances de la interacción que existe dentro de ellas, difícilmente puede ser encuadrado dentro de los marcos conceptuales tradicionales de la libertad de expresión.
En conclusión, creo que sí es indispensable entrar a un análisis y debate serio sobre la necesidad de establecer desde la Ley parámetros básicos sobre los cuales deban de operar dichas plataformas, pero sin que ello signifique o implique una excesiva injerencia del Estado, tal y como ya lo hizo recientemente Alemania con su “Ley de Redes Sociales” (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), que entre otras cosas regula el manejo de publicaciones ilegales dentro de dichas plataformas, sin llegar a excesos como la propuesta de Monreal.
Finalmente, es importante establecer que, aunque es evidente que el caso de Donald Trump generó mucha polémica por su cargo y porque muchas autoridades se sintieron vulnerables, estoy convencido que cualquier legislación sobre el tema debe de partir de una premisa indispensable: no importa si eres el presidente de un país o un usuario más, la violación a las normas comunitarias de las Redes Sociales debe tener las mismas consecuencias para todos.
