PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
El Poder Judicial, tanto federal como estatal, se ha convertido a la luz de los hechos, en el poder más corrupto de todos. El Poder Judicial en nuestro estado no es la excepción, al acreditar numerosas ‘perlas’ en su haber.
El otrora titular del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Vega Pámanes, contaba con antecedentes penales y mintió para obtener el nombramiento. Este personaje fue el que heredó las inefables ‘listas de reserva’ –que incluso obvia requisitos elementales, como contar con cédula profesional para acceder al cargo–, que establece el método de elección de jueces acomodaticios por ‘default’.
Lo peor del caso, es que el Séptimo Tribunal Colegiado de Jalisco, resolvió que quienes integran estas listas cuentan con derechos adquiridos, por lo que habrá de mantener este mecanismo de selección cuando exista una vacante en su interior, toda vez que estos derechos no pueden ser “arrebatados a capricho de las autoridades responsables” –argumentó la Magistrada federal ponente del proyecto, Claudia Mavel Curiel López–.
Resulta que la defensa de la ética y la salvaguarda del Estado de Derecho, ahora son entendidos como “caprichos”. Es importante destacar que, desde 2015, más de 80 juzgadores han sido nombrados con base en las ‘listas de reserva’, y todavía quedan más de 100 para ocupar el cargo en materia, penal, civil, familiar o mercantil.
De acuerdo con MURAL, 18 de los 26 magistrados que integran actualmente el STJ están emparentados, al menos, con 68 funcionarios judiciales. De manera extraoficial se sabe que los partidos políticos, a través del sistema de ‘cuotas y cuates’ para integrar las magistraturas del STJ, las venden al mejor postor.
De acuerdo con el ex Coordinador del Gobierno del Estado, Herbert Taylor Arthur, otrora diputados del PAN vendieron, al menos, 17 de estas posiciones [que corresponden al STJ y al TJA (antes TAE)], entre cuatro y cinco millones de pesos.
Además, impune y flagrantemente, consejeros y magistrados, tanto federales como locales, se pasan por ‘el arco del triunfo’ el 127 constitucional, que dispone que ningún servidor público podrá tener una remuneración mayor al del titular del Poder Ejecutivo.
La más reciente burla, vino ahora de la consejera estatal de la Judicatura, Claudia Rivera Maytorena, quien después de haber sido electa en junio pasado bajo el corrupto sistema de ‘cuotas’ y ‘cuates’, promovió el nombramiento de su hermana, Gricelda, como auxiliar judicial en el Juzgado Segundo de lo Civil de la Ciudad, a pesar de que el nepotismo está considerado como falta grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El Consejo de la Judicatura, que en teoría es el órgano interno de control del Poder Judicial, es el que alienta la corrupción al su interior. Por eso esos cargos se venden.
El cinismo es tal que para evitar la crítica de la opinión pública, el 15 de octubre pasado, el Congreso del Estado aprobó una reforma al reglamento de su Ley Orgánica, a efectos de que la ulterior designación de consejerías y magistraturas, los aspirantes a estos cargos ya no tengan que demostrar un mínimo de conocimientos, al eliminar el requisito de obtener una calificación mínima de 80 (ni 60) en la prueba que se les aplica.
