PERSPECTIVA21/ Verónica Juárez Piña
Este 26 de septiembre se cumplieron 6 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; y el Estado Mexicano sigue sin atender el clamor de justicia de los padres de las víctimas.
Si bien la mal llamada Verdad Histórica, con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió darle carpetazo a las investigaciones, estuvo plagada de irregularidades, manipulaciones, fabricación de culpables y uso de tortura; lo cierto es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho lo suficiente para esclarecer la desaparición de los estudiantes y hacer justicia a las víctimas.
El actual Ejecutivo Federal descalificó las investigaciones de la Procuraduría General de la República, que encabezó Jesús Murillo Karam, y abrió nuevas líneas de investigación, pero la verdad es que más allá del discurso y de actos de escenografía, no han nuevas evidencias que permitan sustentar otras hipótesis.
El compromiso se demuestra con hechos y a dos años de este gobierno, no hay resultados concretos, por el contrario, se han cometido omisiones que han permitido la liberación de muchos presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes.
Por el contrario, hasta el momento han sido liberadas 77 personas, de las 142 que han sido detenidas por los lamentables hechos del 26 y la noche del 27 de septiembre de 2014.
El caso más destacado es la liberación Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, presunto “lugarteniente” del grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de tener un papel determinante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; luego de que el juez desestimó la mayor parte de las pruebas en su contra.
Esto es un grave error y un fracaso judicial véase desde donde se vea. Y muchas de estas liberaciones tienen que ver con que la actual Fiscalía General de la República (FGR) no presentó nuevas pruebas contra los detenidos, ni actúo a tiempo para evitar que quedaran libres.
Tan insatisfechos están con los avances de la investigación, que los padres y las madres de familia de las víctimas han protagonizado diversos actos de protesta, en Guerrero, para exigir justicia.
Además, este 26 de septiembre encabezaron una movilización y un acto en el Zócalo de la Ciudad de México, a pesar de que por la mañana el presidente de la República presidió un evento en Palacio Nacional, en el que nuevamente se comprometió a dar resultados y ofreció, apenas, que la FGR ejecutará órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados en la desaparición forzada; algo que los padres y las madres de familia han venido exigiendo desde que tuvieron su primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador.
Sin lugar a dudas, hay que resaltar la importancia de la orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, presunto autor intelectual de Verdad Histórica, algo en lo que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, habíamos venido insistiendo, a la luz de las evidencias de graves omisiones durante las investigaciones, llamados que han sido ignorados por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en tanto no se proceda en contra de Murillo Karam, principal responsable de las indagaciones en el sexenio pasado, no se romperá el pacto de impunidad entre el Presidente López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto.
