PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
La posibilidad de que Luis Alonso “N”, detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, luego de haber sido encontrado en su vehículo con una menor desnuda, quedará en libertad, evidencia con toda crudeza la deficiente capacitación de los funcionarios de procuración e impartición de justicia en los temas de perspectiva de género y el interés superior de la infancia, lo que genera la revictimización de mujeres y niñas víctimas de la violencia de género.
Hay una comprensible movilización social para exigir justicia y que no haya impunidad, pero no sólo en ésta, sino en todas las agresiones contra niñas y mujeres y feminicidios ocurridos en Jalisco. Como el de la violación y crimen de la menor en el municipio de Tala o los tres asesinatos de mujeres perpetrados el lunes 17 de agosto.
El Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el Colectivo MAM, Vallarta FEM, Colectiva Puerto Feminista y otras colectivas y mujeres a título personal, denunciaron que el caso del abuso de la menor perpetrado por Luis Alonso “N” se agrega a las 67denuncias que existen en Puerto Vallarta por Abuso Sexual Infantil en el primer semestre del año que sumadas al número de denuncias en la zona metropolitana de Guadalajara, son 738 niñas y niños que han visto vulnerados sus derechos.
En su opinión, la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta cometió omisiones y graves faltas en la integración de la Carpeta de investigación y fue omisa en no perseguir más de dos agravantes; al no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio y como corolario de las barbaridades cometidas, está lo dicho por el propio Fiscal Gerardo Octavio Solís, quien señaló que: “los peritos no encontraron huellas de abuso sexual ni maltrato, aunque sí daños psicológicos”.
Denuncian que “es increíble que no adviertan la violencia sexual que sufrió esta niña de 10 años al ser subida por la fuerza al vehículo de éste funcionario municipal, quitarle la ropa y realizarle tocamientos en su cuerpo.
El culmen de esas violencias institucionales ocurrió el viernes 14 de agosto en la audiencia de vinculación al proceso, en donde el Juez Jorge Luis Solís Arana manifestó que no podía acreditarse el delito de corrupción de menores porque la niña de 10 años “no había sentido placer”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, me sumo a esta exigencia de justicia, que se garantice la protección de la menor agraviada y el interés superior de la infancia.
Con el respaldo de diputadas de diferentes grupos parlamentarios, el GPPRD presentó ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades que realicen todas las investigaciones que sean necesarias para que la violencia ejercida en contra de la menor en Puerto Vallarta, no quede impune.
Igualmente, demandamos medidas cautelares que protejan a la niña y su familia, así como la reparación integral del daño y atención psicológica inmediata para la infante y su familia.
La violencia contra niñas y mujeres en Jalisco está en ascenso. Por eso también respaldo las demandas de que el Gobierno del Estado reintegre los recortes presupuestales correspondientes al anexo transversal para la igualdad de género.
Se priorice e incrementen los montos asignados a los programas y acciones gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las niñas y mujeres.
Y que en el proyecto de presupuesto 2021 se garanticen recursos suficientes en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas. Fin a la violencia de género. No a la impunidad.
