HACIENDO ADOBES/Miguel Zárate
El caso de Giovanni, con toda su gravedad, sin duda no debe ser único ni excepcional en la entidad.
Ixtlahuacán está treinta kilómetros de Guadalajara, es un municipio metropolitano y tardó casi un mes en conocerse públicamente.
Pero, surge la duda: ¿qué podría estar pasando en localidades que están tan lejanas o aisladas de la capital jalisciense como Huejuquilla el Alto, Manuel M. Diéguez, Guachinango, Villa Purificación y tantas otras?
No es desde luego por señalar a estas específicamente sino advertir que en distintos puntos de nuestra compleja geografía se siguen sin duda dando hechos lamentables de los que poco o nada sabemos.
En algunos casos son sitios en los que la autoridad municipal es la única que realmente ejerce poder sobre los ciudadanos y en la que las policías locales pueden, si no hay control, ejercer un imperio de acciones en las que impunemente se facilita abusar en todos sentidos de la población.
Y eso que se supone, al menos, que hay una coordinación estatal de la seguridad pública y que los responsables de áreas como la policía estatal, la ministerial, las fiscalías, general y regionales, etcétera, sin contar los apoyos federales, están precisamente para mantener el orden en la totalidad del estado.
Verdaderamente lo sucedido nos lleva a pensar en que serían muchos los municipios que están en condiciones de sufrir situaciones angustiantes cuando no francamente aterradoras.
La triste experiencia de lo sucedido con las manifestaciones pasadas aquí, los detenidos, los “casi” desaparecidos, los amenazados y desde luego el fallecimiento de un ciudadano en las mazmorras policíacas de Ixtlahuacán de los Membrillos a manos de sus captores, no puede llevar a otra conclusión que la existencia de un inframundo oculto en el que las autoridades estatales correspondientes se muestran indolentes, incapaces, simplemente ineptas para cumplir su cometido.
Que si hubo carga política en todo lo sucedido, sabemos que sí, de un lado y de otro, pero esto no es el aspecto que preocupa al ciudadano.
Lo que realmente inquieta es que, a pesar de tantas promesas de verdadero cambio, de dotar de lo suficiente a las corporaciones para cumplir con su cometido, de capacitar y lograr sanear la mente de algunos elementos que no distinguen entre la potestad de cargar un arma o un tolete para atropellar o extorsionar y la obligación de utilizarlos para su salvaguarda y la de la población a la que sirven.
No se necesita criminalizar a los jóvenes, siempre y cuando no transgredan los límites de lo delictivo, ni a ninguna persona, cuando se trata de cumplir el principal deber del estado: preservar el orden, la seguridad y la paz pública.
Ahí radica en gran parte el error de este gobierno, que no ha tenido en su actual gestión, la suficiente voluntad ni decisión para solventar los problemas básicos como los sangrientos hechos y robos de todo tipo que se cometen a diario pero que, ahora, se percibe tan torpe para manejar aquellos que no tienen explicación de haber sucedido, como el de Giovanni, que se ignoran y que muestran la inoperancia y capacidad de afrontarlos.
Lo deseable es que, a partir de este momento, se corrija el rumbo, sin más pretextos, sin más consideraciones con los funcionarios irresponsables.
La “mano firme” que presume el gobernador se espera sea ejercida para cumplir con las obligaciones primarias. Si no, Giovanni, y cuántos más, seguirán presentes para recordar la impotencia de un gobierno que ahora tiene más deuda ciudadana que nunca en seguridad y protección públicas.
