HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
Una de las preguntas más recurrentes que he respondido durante esta Pandemia, es si la suspensión de plazos y términos judiciales o administrativos acordados por entidades de los tres niveles y poderes de gobierno, implica directamente también la “suspensión de derechos”, y quiero insistir en que la respuesta corta es: No.
Específicamente, en el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), hemos recibido fuertes cuestionamientos por nuestra decisión de suspender los términos de los procedimientos administrativos previstos en las leyes de transparencia y de protección de datos personales del estado de Jalisco (con excepción del acceso a expedientes clínicos de sus titulares), argumentándose que lo hacemos para cuidar a las autoridades.
Sin embargo, dicha suspensión parte de la premisa de que actualmente existe una colisión de derechos entre aquellos que estamos llamados a tutelar y los derechos a la salud y a la vida de los jaliscienses y tiene, toralmente, tres grandes consecuencias, a saber: En primer lugar, no aplica el término legal para actualizar mensualmente los portales de transparencia.
En segundo lugar, no corren los ocho días hábiles de plazo para responder las solicitudes de información. En tercer lugar, no es posible presentar alguno de los recursos previstos por la ley, ni por falta de respuesta ni por inconformidad con su contenido.
Por supuesto que dichos efectos pudieran generar una ventana de opacidad, especialmente en un momento en el que existe una fuerte -y muy justificada- presión social por acceder a una gran cantidad de información pública, especialmente aquella relacionada con el tema del combate del Covid-19. Sin embargo, me parece necesario aclarar porqué la suspensión de términos no significa una suspensión de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales en Jalisco.
Primero, porque en los mismos acuerdos en que se ha declarado dicha suspensión, también se ha exhortado a las autoridades a publicar y entregar, de manera proactiva, toda aquella información pública que les sea posible.
En ese sentido es muy importante recordar que, de conformidad con la Ley General de Transparencia, es obligatorio para las autoridades atender las recomendaciones del ITEI, por lo que aquellos sujetos obligados que no atiendan dicho exhorto podrán ser llamados a rendir cuentas por dicha omisión tan pronto como se reactiven los términos.
En segundo lugar, es importante recalcar que el ITEI en ningún momento ha exentado a las autoridades de su obligación de documentar todas las acciones que realicen en cumplimiento de sus funciones y atribuciones, por lo que la suspensión únicamente implica postergar la entrega de dicha información pública, y únicamente en aquellos casos en que no sea posible hacerlo en este momento.
En este rubro, el ITEI ha puesto el ejemplo, al haber respondido más del 86% del total de solicitudes que se han recibido durante los menos de 60 días hábiles en que ha estado vigente dicha suspensión.
Aunado a ello, hemos trabajado directamente con el Poder Ejecutivo (con el apoyo de nuestro Consejo Consultivo), para que en el micro sitio generado durante esta pandemia (coronavirus.jalisco.gob.mx/), se publique la mayor cantidad de información pública de calidad posible.
Cabe señalar que esta Pandemia ha puesto de manifiesto las grandes carencias que existen en materia de gestión documental, especialmente respecto de la digitalización de archivos, que han impedido que se pueda entregar una mayor cantidad de la información solicitada, sin tener que acudir físicamente a las oficinas públicas donde se encuentran los expedientes en que obra dicha información.
Por todo ello, entiendo perfectamente la desesperación que existe por la suspensión de términos, especialmente en los medios de comunicación, por lo que aprovecho este espacio para reiterar el llamado público que hemos hecho a todas las autoridades de Jalisco, para que entreguen la mayor cantidad de información pública que les sea posible, y disminuyan así el riesgo de colapsar tan pronto se reactiven dichos términos, con el consecuente riesgo a ser objeto de sanciones por parte del Pleno del ITEI.
