TRIBUNA/César Iñiguez
Luego del anuncio al incremento de las tarifas por parte del gobierno estatal, donde aumenta en más del 30 por ciento el costo del transporte público para el tren ligero y el Macrobús, saltaron más preguntas que respuestas.
Primero, porque es incomprensible, que el Gobierno estatal, de todas las posibilidades que tenía para hacer frente a este supuesto déficit acumulado en los últimos años a las tarifas del transporte, haya decidido, aumentar de un plumazo, dos pesos con 50 centavos al pasaje.
Y más, porque el propio Gobernador Enrique Alfaro, había sido anteriormente un férreo crítico a los incrementos a las tarifas; él mismo encabezaba protestas, manifestaciones y acciones legales para evitar el alza de manera indiscriminada, tanto, que siendo oposición, circulaba por sus redes sociales esta resistencia en contra de los gobiernos anteriores.
Es decir, es por lo menos muy incongruente, el lanzar la piedra al pasado y acusar que este incremento se autorizó desde la administración pasada y él salir a señalar que nada pudo hacer para evitarlo.
Su justificación es incomprensible, al señalar que el incremento a las tarifas del transporte se deben al alza de los combustibles y que resulta insostenible, cuando a todas luces tiene más alternativas.
En muchos lugares del país, el costo es muy por debajo de lo que tenemos en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, simplemente en la capital del país, donde otros gobiernos subsidian gran parte de este servicio.
Quizá, hay que recordar un punto fundamental en este tema; el gobierno estatal tiene la obligación de brindar un transporte eficiente al servicio de la población; como el gobierno materialmente no puede soportar individualmente este servicio, lo que hace es concesionarlo, por ello es que convoca a los particulares para que le entren a resolver esta obligación del estado.
Es decir, el transporte público debe ser concebido con un servicio a la población, no como un negocio.
También, es importante considerar, que si las tarifas aumentan es porque se mejoró sustancialmente el servicio, algo que evidentemente no ha ocurrido; primero es mejorar para luego cobrar por ello, no a la inversa.
Es ilógico pensar que se deba pagar un 30 por ciento más por un servicio que se presta igual de malo y que es deficiente.
El estado y su gobierno deben ser sensibles ante la situación que vive la población, sobre todo a la inflación, los altos costos de los productos de primera necesidad y la pérdida del poder adquisitivo, considerando obviamente el transporte que es un servicio de uso básico.
Se deben de valorar alternativas, el subsidiar por parte del gobierno y de los empresarios con diez pesos para soportar este incremento es una nube de humo, porque no se especifica quiénes y cuándo deben de otorgarlo y bajo qué periodicidad.
Existen aún muchas alternativas y posibilidades para hacer frente a este gran problema del transporte, construir un fideicomiso, subsidiarlo, generar apoyos directos a los empresarios o algunas otras medidas; el que el usuario pague y soporte únicamente la solución, es una mala decisión que traerá en cascada problemas más graves.
Ojalá el gobierno se sensibilice y ponga manos a la obra en beneficio de la población.
