PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Se discute la necesidad de emprender una Reforma 2.0 para el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, a la luz de sus nulos resultados.
Se han consensuado siete puntos que, dicen, son fundamentales para su eficaz funcionamiento. Bienvenida la reforma 2.0 con sus siete puntos.
A la lista al niño Dios se propone la obligación legal de que los gobiernos municipales ¡instituyan sus propios sistemas anticorrupción! [más burocracia]; y crear órganos internos de control en todas las dependencias de la administración estatal central y descentralizada, puesto que apenas 36, de las 76 existentes, cuentan con una contraloría interna.
Pero, en realidad, los principales problemas del ‘Sistema Anticorrupción’ radican en el hecho de que… no es «sistema».
Sin embargo, resulta ingenuo pensar que la falta de resultados se resolverá con una Reforma 2.0.
De hecho, este análisis desde la perspectiva estrictamente estructural, parte de una rotunda obviedad: la ley es siempre perfectible y sujeta de corrección permanente.
No obstante, conceder que la solución a su ineficacia es sólo por la ausencia de una Reforma 2.0 (¿?), otorga el perfecto pretexto para que, por su predecible fracaso futuro, necesitará otra reforma 3.0, 4.0 y 5.0…
Lo que no parecen dispuestos a aceptar, nunca, es lo que no han hecho, efectivamente.
La falta de resultados, debido a la ausencia de compromiso. Siempre el problema será de lagunas en la ley, exclusivamente.
Un problema ocasionado por un mal (¿?) diseño, jamás atribuible en forma alguna a las personas que lo integran. Nadie es, pues, responsable de nada.
Podríamos seguir ad nauseam con reformismos ‘efectistas’, pero estériles en resultados. Es decir, el error reside en el hecho de encomendarse únicamente al diseño institucional, propuesto por sus defensores de oficio que NO acreditan la voluntad de hacerlo funcionar.
Según esta lógica, los principales problemas de la vida pública derivan de un defectuoso diseño institucional, únicamente.
De hecho, en materia de innovación institucional, los países del Tercer Mundo se pintan solos.
En todo el Orbe no existe un sistema anticorrupción tan barroco como el nuestro, con todo y sus deficiencias ‘sistémicas’.
Hay otros que complejizan más esta engañosa solución, y creen que la eficacia institucional se resuelve a través de la ‘gobernanza’.
Sus teóricos justifican su constante y hoy innegable fracaso, volviendo dicotómico el concepto: entre la old governance [basada en la «ineficiencia» del Estado] y la new governance [basada en la «ineficiencia» e «insuficiencia» del Estado].
El aforismo es más un juego de palabras, a modo de pasatiempo intelectual, que un acierto en su problematización.
La ineficiencia e insuficiencia no es propia y única del Estado, también del mercado y de la sociedad.
Otro botón de muestra: la exigencia del mercado como de la sociedad en la Reforma 2.0, no ha contemplado la necesidad de atender la terrible impartición de justicia.
La mejor manera de prevenir la comisión de un delito, es evitando su impunidad. Pareciera que atajar el problema de la corrupción únicamente proviene de una mala fiscalización e investigación del delito, pero no de su más cruenta realidad: la ausencia de sanción y por consecuencia, la impunidad.
Incluso con el mejor ‘sistema’, con la mejor fiscalización, investigación y combate a la corrupción, siempre habrá un juez dispuesto a no sancionarla con la argucia legal de una mala sintaxis en su consignación.
Podría decirse que el más representativo, revelador, reciente y paradigmático caso de la futilidad y fracaso de la ‘gobernanza’, es el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Lo fue también la crisis de 2008 en E.E.U.U. [que originó la Gran Recesión, de efectos globales, en alusión a la Gran Depresión de los 30’s por sus devastadores efectos]; o el mismísimo Brexit.
La eficacia institucional tiene tres componentes interdependientes que, vistos por separado, son condiciones necesarias, pero insuficientes para afianzarla: 1) voluntad política [sin profesionalismo, genera voluntarismo incompetente]; 2) profesionalismo político y burocrático [sin voluntad política, se vuelve torpe, cómplice o ralentizado]; y 3) diseño institucional [aunque necesario, insuficiente]…
