PESIMISMO ILUSTRADO/Jorge Rocha
Hace unos días se dio a conocer una lista con los montos asignados de dinero público a empresas y periodistas durante el periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, a través de un recurso de transparencia solicitado por un periódico nacional.
Este suceso se enmarca en el conflicto que hay entre la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y lo que ahora se le llama la “comentocracia” del país, donde hay comunicadores e intelectuales que critican asiduamente la gestión del titular del Poder Ejecutivo Federal.
Luego de que esta lista se hizo visible, hubo varias reacciones por parte de los comunicadores y empresas mencionados, que van desde quien dijo que el dinero no era para ellos sino para sus empresas, que era por venta de publicidad pero que no se comprometía la línea editorial; o que la información estaba manipulada.
Más allá de estos dimes y diretes que me parece que no son el centro de la discusión, lo que creo que es pertinente traer a colación, es la relación entre prensa y poder público, en donde hay dos agendas que urge discutir: el uso de recursos públicos en medios de comunicación masiva y la vigencia del derecho a la información y de la libertad de expresión en nuestro país.
De acuerdo al Informe “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva” de la prestigiada organización internacional Artículo 19, que fue presentado por Leopoldo Maldonado en el ITESO, el día jueves 9 de junio del presente año, el gobierno de Felipe Calderón gastó en publicidad oficial durante su sexenio 56,365,504,505.50 de pesos y Enrique Peña Nieto gastó 60,236,974,662.11 de pesos en este rubro.
Es decir, en doce años se han asignado casi 120 mil millones de pesos para esta actividad sin ningún tipo de regulación y criterios de por medio.
De acuerdo con especialistas en comunicación política, cuando hay dinero público destinado a medios de comunicación masiva sin ningún tipo de regulación efectiva, se genera una doble perversión, la primera es que los gobiernos busquen, a través de este dinero, controlar la línea editorial de los medios para que no sean críticos ante el poder público.
Como diría el ex – presidente José López Portillo “no pago para que me peguen”.
La otra perversión es que los medios empiecen a presionar y a criticar sistemáticamente a los gobiernos en turno, para que les otorguen dinero público y con ello poder sobrevivir.
Esta doble perversión provoca una clara vulneración a los derechos de libertad de expresión y de información, ya que las agendas mediáticas están ligadas claramente a los intereses gubernamentales o de las empresas de comunicación.
Ante esto hay dos salidas posibles: a) la primera es que haya una clara regulación de los presupuestos, criterios de asignación, reglas, justificación de los beneficiarios de estos recursos y transparencia total en el manejo de este dinero público.
Es decir, reglas claras y transparencia total; b) la segunda es que no se otorgue dinero público a los medios masivos de comunicación y que la difusión de propaganda oficial se realice a través de los tiempos que de por sí, ya se tienen que utilizar por ley.
Esto quiere decir que los medios de comunicación deberían de procurar su sostenimiento a través de su capacidad de generar mayores audiencias.
Cada uno de estos caminos tiene bondades y problemas, pero el modelo que ahora tenemos está situado en el peor de los escenarios.
Por otro lado, el citado informe de Artículo 19 da cuenta de la violencia hacia los periodistas en los últimos años.
En el gobierno de Felipe Calderón se documentaron 1,092 agresiones contra la prensa, de las cuales hubo 48 asesinatos de periodistas y 15 desapariciones de comunicadores.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se documentaron 2,502 agresiones contra la prensa, de las cuales hubo 47 asesinatos de periodistas y 4 desapariciones de comunicadores.
Frente a este escenario de violencia, el 99.13% de estas agresiones permanecen en la impunidad.
De acuerdo a esta información, Artículo 19 expresa en su informe que México sigue siendo uno de los países en el continente, donde ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo y por supuesto que esta tendencia se traduce en la vulneración de la libertad de expresión y del derecho a la información de las personas, ya que no se garantiza el ejercicio de un periodismo libre y sin presiones.
Durante el año 2018, hubo 544 agresiones contra la prensa y los estados donde se presentó más este fenómeno fue Veracruz, Puebla y Ciudad de México; y contrario al discurso oficial, los mayores responsables de estas agresiones son por mucho funcionarios públicos y partidos políticos (316 agresiones de las 544).
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos señalar que en el país tenemos una doble dinámica de relación entre prensa y poder, por un lado, se genera una relación perversa entre medios de comunicación y gobiernos a través de las asignaciones de recursos públicos; y por otro lado, los gobiernos no garantizan el libre desarrollo del trabajo periodístico.
Si queremos un país más democrático, es urgente que estas formas de relación se modifiquen.
