Se queja el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante los resolutivos tomados este lunes por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Enrique Ochoa Reza, expresó que las decisiones del INE no contribuyen a dar certeza jurídica al procedimiento de fiscalización de la elección para gobernador del estado de Coahuila, al introducir criterios en el momento de presentar los resultados de la fiscalización en la sesión, cuando en todo caso debieron de haberse conocido antes del inicio del proceso electoral.
«Deja a nuestro partido en indefensión, al no conceder el derecho de audiencia o de plano convertirlo en un trámite sin posibilidad de argumentar efectivamente lo que a nuestro derecho corresponde y de que sean valoradas nuestras pruebas», agregó.
El caso más evidente y grave sin duda, mencionó, es la aplicación de un presunto gasto en Facebook, señalándolo como no reportado a pesar de que el proveedor entregó las facturas correspondientes y la Comisión de Fiscalización lo había avalado previamente.
Al mismo tiempo que aplica al PRI 653 mil pesos de gasto, evita aplicar al PAN más de dos millones 200 mil pesos en el rubro de publicidad en Internet y gestión en redes sociales.
«Esta forma de actuar de algunos consejeros, cambiando las reglas del juego a destiempo, es motivo de gran preocupación, ante el inminente inicio de los procesos electorales de 2018», subrayó Ochoa Reza.
Por lo anterior, señaló será indispensable acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que restablezca de nuevo el orden y la certeza jurídica para todos los partidos políticos.
Con relación a la indebida propuesta de prorrateo, introducida por los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, es evidente que contradice lo que dispone el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.
Cabe destacar que de último momento, dichos consejeros pusieron sobre la mesa nuevos criterios de comprobación de gasto, dejando en estado de indefensión a los partidos de la coalición, por negárseles su derecho de audiencia y valoración de pruebas.
«Por otro lado, es evidente el intento de Ricardo Anaya de confundir a la opinión pública, hablando de presuntas nulidades, pese a que su candidato sí rebasó los topes de campaña. Es necesario recordar que la única autoridad para pronunciarse al respecto son los tribunales electorales, con base en lo que efectivamente señala la Constitución y las leyes en la materia», finalizó.
