El Presidente Municipal, Enrique Alfaro señaló que un gobierno municipal no puede mantenerse al margen de las discusiones nacionales sobre el salario mínimo y debe hacer todo lo que esté en sus manos para reducir la desigualdad y aumentar las condiciones de justicia de los ciudadanos, esto es durante el foro Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, un evento que se lleva a cabo en la Ciudad de México donde se discute el salario mínimo.
Dijo creer la idea de que lo nacional se construye también desde lo local. Y aunque pudiera parecer que los gobiernos municipales poco tendrían que aportar en una decisión de competencia eminentemente federal, estoy cierto de que desde la segunda ciudad más grande del país, podemos levantar también la voz y defender lo que desde nuestra perspectiva es ya una decisión ineludible en términos de gobernabilidad, de cohesión social y de perspectiva de futuro para todos”, agregó.
Acompañado por Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de Marco Mena, gobernador electo de Tlaxcala, Alfaro Ramírez destacó las acciones que se han realizado en la capital de Jalisco para combatir la desigualdad y reducir la brecha salarial que había entre los trabajadores del municipio. Afirmó que ahora la persona que menos gana en la administración percibe un ingreso equivalente a 2.7 salarios mínimos diarios. El Gobierno de Guadalajara, como una medida de justicia, redujo el salario a los funcionarios de primer nivel de la administración y se modificaron los tabuladores para que los trabajadores que percibían menos de 11 mil pesos recibieran un aumento de entre mil y dos mil pesos; por su parte, los policías de la ciudad recibieron un aumento de 1,500 pesos entre salario y vales.
Dijo que que las dos ciudades más importantes del país, la Ciudad de México y Guadalajara, ya se están tomando en serio el compromiso de aumentar el salario mínimo. “El mandato Constitucional es claro: el salario mínimo se tiene que definir en primer término por una clara noción de justicia. Por eso, la discusión que ya ha comenzado debe de partir de una definición ética que nos permita poner en el centro de la agenda pública el combate a la desigualdad y la dignidad de las personas. Lo que se necesita es una política que permita comenzar con una redistribución de los ingresos, en otras palabras, para comenzar la construcción de un país más justo”.
