Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas mexicanos recomendaron este lunes, luego del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), iniciar de cero la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús Murillo Karam, después del fiasco de su “verdad histórica”.
Al mismo tiempo, esta noche, el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó la existencia de un quinto autobús, como lo dijo el informe de los Expertos Independientes, y reveló además que Murillo karam fue informado al respecto. “Sí tuvimos conocimiento, participamos dentro de la investigación, hay un expediente el cual se mandó a México”, dijo Godínez Muñoz. “Estoy por reunirme con la procuradora General de la República, todavía no hay fecha para ver la estrategia a seguir en el tema, es lo único que te podría decir por que ellos son los que llevan la investigación”, agregó.
Por otra parte, los abogados que conforman el Instituto de Justicia Procesal Penal en México destacaron que en la reacción de la Procuraduría General de la República (PGR), “en un comunicado parco” de la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación del subprocurador Tomás Zerón, ven “la predecible falta de compromiso institucional con la verdad”. Hace ya muchos años, plantearon en un comunicado oficial, que diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.
“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”. También refirieron que, año con año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia.
