La situación de “calma” que asegura el Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz impera en Jalisco esconde, de acuerdo con un estudio, una problemática de violencia tan agudizada que tan sólo en 2013, en el primer año de su mandato, generó casi 400 homicidios dolosos más que los que reportó la Fiscalía del Estado, publica hoy el portal de noticias SinEmbargo.
Así lo determina el informe “Jalisco, la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla”, concluido el 20 de abril por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal y que, luego de comparar el número de averiguaciones previas por asesinato con actas de defunción por esta causa, encontró que, entre 2010 y 2013, en la entidad ocurrieron más de mil 200 homicidios dolosos que no aparecen en las estadísticas entregadas por el Gobierno local al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La cifra de mil 99 casos reportados por la Fiscalía en 2013, por tanto, contrasta con las mil 488 víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y si bien entre ambos conteos suele haber diferencias porque la Fiscalía cuenta averiguaciones y el Inegi personas, en los últimos años la brecha entre ambos resultados ha presentado una expansión constante.
“De modo que la incidencia real del homicidio doloso en Jalisco es en realidad superior a la que le ha venido reportando al SNSP la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, hoy Fiscalía General del Estado de Jalisco […] En suma, lo que en una primera aproximación revela el análisis de la incidencia delictiva en Jalisco es que los datos oficiales son poco confiables y no revelan la realidad de los delitos denunciados o de los que tuvieron conocimiento las autoridades públicas de diferentes niveles de gobierno”, dice el estudio.
“De los delitos en que hay fuentes de información alternativas a las oficiales hay indicios de que éstas últimas podrían haber sido objeto de ‘rasurado’, como es el caso de homicidio, secuestro, robo de vehículos y robo de transporte de carga”, agrega el documento.
La investigación fue realizada por el abogado, catedrático y presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, penalista y, también, fundador de la organización México Unido contra la Delincuencia.
