Bolivia, la ZMG y el agua

GARAIZ3La Méndiga Oligarquía/Esteban Garaiz

 

Es necesario hacer una preocupada advertencia en estas líneas. Ojalá no haya después necesidad de gritar con voz ronca como el anuncio del IFE: “TE LO DIJE”.

Ya hemos mencionado aquí la clara diferencia que existe entre política y grilla. No es lo mismo hablar de políticas que de políticos, de políticas públicas que de políticos profesionales.

Políticas públicas siempre tienen que ver con lo que afecta a las grandes mayorías: tienen que ver con apropiación o con uso colectivo de bienes comunes, como aguas, tierras, minerales, bosques, petróleo, viento, sol, costas, espectro radioeléctrico y también con la apropiación o uso del trabajo humano. Lo demás es forcejeo y reacomodo entre los profesionales de la política.

En Bolivia cientos de miles de ciudadanos habitantes de El Alto y de otras zonas periférica de la capital, La Paz, marcharon para manifestar su repudio contra la apropiación privada y el manejo empresarial “rentable” del servicio público vital del agua, “el vital líquido”, por parte de una voraz empresa lucrativa española, que cobraba hasta por las tuberías públicas. Detrás de la concesionaria estaba Mariano Rajoy, naturalmente.

Ahora rondan por la Zona Metropolitana de Guadalajara ofreciendo su manejo “racional” de nuestra agua y su gerencia “rentable”. Como si se tratara de un negocio y no de un servicio público hacía un derecho humano elemental. Su prioridad en la escala de valores es cobrar. No la salud pública. Su valor supremo es la recaudación. No el servicio público. Creen que con certificaciones ISO ya echaron el órdago.

Algo así como la CFE, que nació hace 75 años para electrificar hasta los últimos rincones del país, y no para ser empresa “rentable”, y menos avorazada de clase mundial que, al estar privatizada en más de la mitad de su generación eléctrica, se volvió un monopolio malo y muy caro para los usuarios cautivos.

El artículo 115 de la Constitución, pilar de la autonomía municipal, que es el núcleo de la democracia nacional establece con rotunda claridad que el primero, precisamente el primero, de los servicios públicos que tendrán a su cargo los municipios es: “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.

No prevé base legal alguna para empresa privadas concesionarias que sean “rentables”.

Las experiencias demuestran el precio social tan caro que se paga por ser “rentables”.

 

@EGaraiz

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