La Ley General de Víctimas que promulgó el Presidente de México, Enrique Peña Nieto tuvo un recibimiento positivo entre diferentes sectores de la población; sin embargo, también hubo grupos que se manifestaron en contra e incluso la dieron por “inconstitucional”.
La Asociación Alto al Secuestro, de la ex candidata panista a la jefatura de gobierno del DF, Isabel Miranda de Wallace, aseguró en un comunicado que “esta ley es inconstitucional, no cuenta con recursos económicos para atender a las víctimas, crea más burocracia y provoca revictimización”, por lo que anunció que “estaremos presentando una nueva iniciativa”.
Por su parte, también en un comunicado, la asociación México SOS, del empresario Alejandro Martí, aseguró que esta ley “no aprueba el control de constitucionalidad”, dado que confiere a la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (que se integrará por afectados directos de la violencia, así como por agrupaciones civiles) atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, como llamar a cuentas a funcionarios públicos.
“Solamente contempla atender a víctimas del fuero federal y no considera la atención a víctimas de delitos perpetrados en el fuero común”.
Por ello, abundó la asociación de Martí, “estos puntos deben ser revisados de manera inmediata por la LXII Legislatura”.
