El Presidente Calderón promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley contra el lavado de dinero.
La ley está diseñada para detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. El Presidente destacó algunos aspectos de la ley como que prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero.
Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley. Dentro de estas actividades, se encuentran las vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de tarjetas de crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales, el otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño, la construcción, desarrollo o compra-venta de bienes inmuebles, la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos.
El Jefe del Ejecutivo celebró que, dentro de los aspectos que contiene la ley, se haya establecido la creación de una unidad especializada en análisis financiero, enfocada en la investigación de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, dependiente de la PGR.
