PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
Cerramos el año con 12 periodistas asesinados -reconocidos-. Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa ya contabiliza 18. Ocurre en un entorno de violencia verbal, directamente proferida desde los gobiernos, de los tres ámbitos de gobierno.
La libertad de prensa experimenta un contexto de asedio, cara a gobiernos que se incomodan cada vez más por la crítica y la investigación periodística de los profesionales de la comunicación.
No es para nada fortuito el hecho de que el ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras, sitúe a diversos países latinoamericanos, en los primeros peldaños de su tablero con más asedio proveniente de entes públicos. Lamentablemente, esta ‘ola arbitraria’ se manifiesta en innumerables casos de persecución, criminalización, ataque y hostigamiento a la prensa, lo que concluye por erosionar el ejercicio periodístico libre en la región, el cual resulta indispensable para la vida en democracia.
Es particularmente delicado, porque, como sostiene tanto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA como la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión”.
De modo que bien puede decirse que esta difícil condición del periodismo, tiene explicación en el hecho de que, las voces realmente críticas con el poder, parecen devenir, en los últimos años, primordialmente de los medios independientes de comunicación.
Acontece hoy una creciente aniquilación de los controles democráticos, que anulan tanto la división de poderes, como cualquier vestigio de oposición política-partidaria, autonomía o control constitucional del poder.
Los periodistas son ‘llamado a cuentas’ por liderazgos que observan en la fiscalización del poder, la fiel expresión de una ‘conspiracionista’ lucha que asumen, les diputa el mando político. Esto, porque la información demoledora del gobierno, que devela la prensa libre e independiente, les mengua el control de un relato gubernamental que pretenden asignar a toda costa, como una realidad social que, simplemente, no existe.
Por ello, es que a los periodistas se les silencia o intimida con constantes descalificaciones a su trabajo, apuntalando un ‘discurso de encono’ que es originado desde los más altos niveles del gobierno. Se ejercen veladas amenazas a su trabajo profesional, con la iniciación de pesquisas que son accionadas y aceitadas con toda la maquinaria del Estado, para, posteriormente, perseguir penalmente a medios y periodistas disidentes de las voces oficiales del gobierno.
La más cruenta escalada de violencia en contra del periodismo, se enfoca contra quienes documentan investigaciones relacionadas con la corrupción política y la crisis de seguridad pública, que provocan la más iracunda respuesta, tanto de los poderes formales, como de los informales.
Lo más abrumador de todo ello es que, de acuerdo con la Unesco, en América Latina y el Caribe, toda esta violencia acometida en contra de periodistas y medios informativos, ¡acredita una impunidad que asciende al 78%! Un ‘sistema perfecto’ y una ‘fórmula explosiva’ para que estos acontecimientos se sigan replicando.
