PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
El llamado plan “B” aprobado por el Senado de la República y enviado de vuelta a la Cámara de Diputados, por los mínimos cambios realizados, representa una regresión al avance democrático por el que las y los mexicanos luchamos durante décadas para garantizar elecciones equitativas y transparentes, organizadas por un ente autónomo, libre de las intromisiones del gobierno.
El Congreso de la Unión avala así el golpe autoritario de López Obrador que, con el supuesto y falaz argumento de la austeridad, crea condiciones desventajosas para Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo; al tiempo que asfixia económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), lo desmantela y resta facultades de vigilancia y sanción, con lo que los funcionarios y el partido en el gobierno adquieren impunidad para violar de manera sistemática la Constitución, y las normas electorales, en tiempos de campaña.
Entre los cambios regresivos del plan “B”, de López Obrador destaca la reducción al presupuesto del INE en 3 mil 500 millones de pesos; así como la extinción de los fidecomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria que permiten la operatividad del Instituto y garantiza los derechos laborales de sus trabajadores.
Desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y ahora, los cómputos oficiales iniciarán el mismo día de la elección; lo que de ninguna manera garantiza la transparencia del conteo de los votos y la oportunidad de los resultados.
También restablece la existencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF); pero restringe la facultad de interpretación y sanción de autoridades electorales a partidos y candidatos que no reporten en tiempo y forma sus gastos de campaña o incurran en faltas administrativas durante sus campañas.
De igual manera, modifica los requisitos para la reelección consecutiva al permitir que los diputados podrán buscar la reelección por un distrito electoral diferente por el cual fueron elegidos de origen.
Mantiene la llamada “cláusula de vida eterna” al reconocer el derecho a las candidaturas comunes y permitir la transferencia de votos entre integrantes de una coalición, lo que facilitaría a los partidos conservar su registro, más allá del 3 por ciento que establece la Constitución.
Estos cambios fueron introducidos por los partidos aliados de Morena a cambio de respaldar la propuesta presidencial. Con ellos, de manera ilegal y vergonzosa, buscan evitar la pérdida de su registro en caso de que el voto ciudadano no les favorezca en las próximas elecciones.
También se aprobó que el INE no multe a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral, a lo que se suma que estos podrán hacer un “guardadito” al no regresar el remanente del ejercicio anterior a la Tesorería de la Federación.
La reforma despoja de sus puestos a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral lo que atenta contra sus derechos laborales; al tiempo que despoja al INE de unos de sus recursos más valiosos para una eficaz operación y que ha ido formando a lo largo de varias décadas.
El Congreso de la Unión declina así de sus facultades de control sobre las decisiones del titular del Ejecutivo Federal. Desde el PRD impulsaremos un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar este acto autoritario de López Obrador, pero, sobre todo, seguiremos luchando de la mano de las y los mexicanos para preservar nuestra democracia. Ni un paso atrás.
