PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
A semejanza del presidente López Obrador; el gobernador Enrique Alfaro organizó su propia marcha de la vergüenza utilizando recursos públicos y coaccionando a funcionarios de su gobierno para boicotear la organización de la Feria Internacional del Libro (FIL), a manera de represalia por las exigencias de la comunidad universitaria de que se ponga fin a la asfixia presupuestal a la que está sometiendo a la Universidad de Guadalajara, se garantice el derecho a la educación de más de 324 mil estudiantes y se respete la autonomía de esta Casa de Estudios.
En respuesta a la multitudinaria movilización del 23 de noviembre convocada por las autoridades universitarias para demandar al gobierno del estado ponga fin a los recortes presupuestales que afectan el funcionamiento y los proyectos de ampliación de la cobertura educativa de la Institución de Educación Superior más importante de Jalisco, Alfaro organizó una manifestación contra la FIL que reafirmó su talante autoritario e intolerancia a la crítica por los desaciertos de su gobierno.
En su afán de venganza, el gobernador atentó contra la feria más importante de habla hispana y la segunda feria en el orbe después de la de Fráncfort, que convoca cada año a cerca de 800 mil asistentes y genera una gran reflexión en torno a la cultura y los retos contemporáneos de México y el mundo.
Este arrebato no sólo puso en riesgo la integridad de los asistentes e invitados, sino también los beneficios económicos que genera este magno evento cultural para la entidad, pues la FIL impulsa una derrama económica cercana los 300 millones de dólares, promueve el empleo y el turismo, en un momento en que el estado está urgido de acciones que fortalezcan la economía ante la inoperancia del gobernador y sus vanas aspiraciones presidenciales, en la búsqueda de las cuales descuida su responsabilidad.
En su embestida contra la UdG, el gobierno del estado le ha quitado en los dos últimos años 680 millones de pesos. Para 2023, la reducción de recursos, que representa el presupuesto más bajo en los últimos 30 años, impedirá el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura educativa y pondrá en riesgo el aumento de la matrícula, lo que dificultará el ingreso de 60 mil nuevos estudiantes; así como la puesta en marcha de proyectos pensados para beneficiar a miles de adolescentes y jóvenes en Chapala, Tlaquepaque, Tlajomulco, La Normal y Tonalá.
A diferencia del gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara, de la que soy orgullosamente egresada, piensa en al futuro de los más de 2 millones 600 mil adolescentes y jóvenes de nuestro estado, que enfrentan serias dificultades para su desarrollo educativo, profesional y económico y que, además, son víctimas de una atroz violencia por la impunidad con la que actúa el crimen organizado, ante la incapacidad, y en ciertos casos complicidad, de algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno.
De hecho, uno de los motivos por los cuales el gobernador emprendió la campaña de desprestigio y hostigamiento financiero contra la Universidad de Guadalajara, es la exigencia de justicia ante la violencia de que han sido víctimas integrantes de la comunidad universitaria y la demanda de que corrija su política de seguridad que, junto con el fracaso en este rubro del gobierno federal, han llevado a Jalisco a padecer una de las olas de violencia más brutales de los últimos años.
Las conductas autoritarias del gobernador no sólo dañan a la Universidad de Guadalajara, sino que afectan a toda la población del estado, que espera de sus funcionarios templanza y visión de futuro. Si Enrique Alfaro no es capaz de entender que la política es la vía más adecuada para construir acuerdos, gobiernos eficaces y gobernabilidad, es claro que no está a la altura para ejercer el máximo cargo del país, al que dice aspira.
