PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
El presidente presume estar a favor de la participación ciudadana en las decisiones políticas del país. De hecho, se jacta de ser el principal impulsor de las consultas, aunque las organice a modo; pero frente a la masiva marcha de domingo 13 de noviembre que rechazó su propuesta de suprimir el Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador está exhibiendo su rostro más intolerante, antidemocrático y autoritario.
No ha escatimado en calificativos. Desde el anuncio de la movilización, se dedicó a insultar a las y los convocantes y frente a la masiva respuesta, escaló su retórica de polarización, insultando a quienes participaron y exhibiendo, ilegalmente, a unos cuantos de los miles que acudieron.
Pero lo único que consiguió fue convertirse en el principal promotor de la marcha que, por su magnitud, se erigió en la concentración ciudadana más importante del sexenio en turno, con un orden y pacifismo que vale la pena destacar, y reflejó no sólo la oposición a su iniciativa de reforma electoral, sino el descontento social acumulado por los desaciertos de su gobierno y sus tendencias autoritarias.
Pero no sólo eso, ahora, frente al contundente rechazo ciudadano, López Obrador propone un plan B para imponer su propuesta de reforma electoral, lo que no sólo refleja un gesto de desesperación e intolerancia, sino que implicaría violar la Constitución de la República.
Con esta maniobra, implícitamente, aceptó el fracaso de su iniciativa de reforma que busca erosionar las bases de la democracia en el país al pretender eliminar el INE y los órganos locales, controlar el Instituto electoral y la organización de las elecciones a través de consejeros a modo, y romper la pluralidad en el Congreso de la Unión.
La Carta Magna es muy clara al señalar que los Consejeros Electorales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados; en tanto que los Magistrados Electorales deben ser elegidos por el mismo porcentaje de votos en el Senado de la República; mientras que, reducir el número de diputados, también requiere de mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
No hay manera de que el presidente saque adelante esta reforma electoral si no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión, empeñarse en imponerla mediante la modificación de leyes secundarias es simplemente inconstitucional y sólo refleja la desesperación de López Obrador, quien debería serenarse y escuchar la opinión de miles de personas que se oponen no sólo a la eliminación del INE, sino a decisiones autoritarias como las que insiste en promover.
Pero, en lugar de valorar el claro mensaje de las y los ciudadanos que marcharon en las principales ciudades del país, López Obrador está mostrando su rostro más antidemocrático e intolerante, cuestionando el legítimo derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, descalificando una movilización cuya dimensión marcó un antes y un después en el escenario político nacional, reconfigurando el equilibrio de fuerzas políticas.
La marcha del domingo caló hondo en el ánimo de López Obrador y de Morena, porque reflejó la férrea decisión de la ciudadanía a defender la democracia, poner un alto a conductas autoritarias y centralistas y promover la pluralidad.
Tan es así, que López Obrador anunció que encabezará, el 27 de noviembre, una “contramarcha” en la Ciudad de México, en el marco del informe de sus cuatro años en la Presidencia, a la que de inmediato se sumaron sus corifeos. Es claro que el presidente no entiende que no entiende. Se niega a escuchar a la sociedad, al contrario, escalará la polarización en la recta final de su gobierno. Sí, esa polarización que ha llevado al país al borde del precipicio.
