PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
El Índice de Estado de Derecho 2021-2022, elaborado por World Justice Project, es un ranking nacional que cuantifica el nivel de robustez del Estado de Derecho, respecto de los gobiernos de las 32 entidades federativas del país. Este tablero se publica, de manera anual, desde 2018 en México; y, desde hace una década, se hace el mismo estudio respecto de 140 países y sus gobiernos nacionales.
En cuanto al Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, es importante destacar que este ranking se realiza con base en ocho factores —que, a su vez, se subdividen en 42 más en total—: i) límites al poder gubernamental; ii) ausencia de corrupción; iii) gobierno abierto; iv) derechos fundamentales; v) orden y seguridad; vi) cumplimiento regulatorio; vii) justicia civil; y viii) justicia penal. De modo que, este índice, atinadamente, comprehende, grosso modo, una métrica y metodología sustentada en la tríada: ‘seguridad pública’, ‘procuración de justicia’ e ‘impartición de justicia’.
Desde luego, tanto la insuficiencia, como la ineficiencia y deficiencia, respecto de esta cardinal tríada, es que derivan dos problemas de gran magnitud que laceran a la vida institucional y democrática de cualquier gobierno nacional y/o subnacional: la corrupción y la impunidad.
Adicionalmente, en cuanto a este estudio, habría que decir que los puntajes de este ranking oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, y 0 un Estado con absoluta impunidad. En efecto la condición absoluta, respecto de ambas antípodas, o resultan utópicas —esto es, la total adhesión al Estado de Derecho— o bien distópicas —es decir, la existencia de un ‘Estado de Impunidad Absoluta’—. De modo que, ningún gobierno nacional o subnacional, logra tener una calificación global de 1 o 0 en este Índice.
En el ranking del Índice de Estado de Derecho 2021-2022, consistente en la evaluación de los ocho factores antes citados, que, a su vez, se subdividen en 42 más, Jalisco se ubica en el lugar 24º del tablero nacional, con un ‘score’ de 0.38, tan sólo detrás de: Chiapas (25º), Tabasco (26º), Puebla (27º), Estado de México (28º), Ciudad de México (29º), Quintana Roo (30º), Morelos (31º) y Guerrero (32º) —este último con un ‘score’ de 0.34, es decir, ¡son apenas cuatro centésimas las que distancian a Jalisco del último lugar a nivel nacional!—.
Ahora bien, para efectos comparados, conviene destacar que, si Jalisco fuera país, se ubicaría en el lugar 130º, respecto de 140 países evaluados por este ranking internacional en su edición de 2022, toda vez que, Bolivia, es el país situado en este lugar con un ‘score’ de 0.38.
En ese sentido, después de Jalisco se encontrarían los siguientes países: Mauritania (131º), Myanmar (132º), Nicaragua (133º), Camerún (134º), Egipto (135º), Haití (136º), República Democrática de El Congo (137º), Afganistán (138º), Camboya (139º) y Venezuela (140º). Es decir, Jalisco se encontraría situado en el ‘Top 10’ del auténtico Tercer Mundo.
Desde luego, se trata de muy malas noticias tanto para los creadores de la ‘Refundación’ en Jalisco como del partido “ciudadano” que se oferta electoralmente como la ‘Tercera Vía’ en México.
Jalisco, se ubica por debajo de la ‘media nacional’ en siete de los ocho factores antes citados para la elaboración del Índice de Estado de Derecho 2021-2022 en México. De esta manera, en el factor “límites al poder gubernamental”, se posiciona en el lugar 15º, con un ‘score’ de 0.42.
En cuanto al factor “ausencia de corrupción”, en el peldaño 27º, con un ‘score’ de 0.32. En “gobierno abierto”, se ubica en la posición 17º, con un ‘score’ de 0.48. En “derechos fundamentales” se sitúa en el lugar 23º, con un ‘score’ de 0.47.
En “orden y seguridad”, se ubica en el lugar 21º, con un ‘score’ de 0.33. En “cumplimiento regulatorio”, se encuentra en el lugar 26º, con un ‘score’ de 0.34. En “justicia civil” en el lugar 27º, con ‘score’ de 0.37. Y, finalmente, en “justicia penal” se posiciona en el lugar 22º, con un ‘score’ de 0.34.
