PESPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Las instituciones democráticas de nuestro país nos han permitido avanzar en la construcción de una sociedad cada día más igualitaria, en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo individual y colectivo, para lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) ha proporcionado certeza y seguridad en los procesos electorales, garantizando la gobernabilidad de nuestro país.
A unos cuantos meses del inicio del proceso electoral para renovar la presidencia de la República y otros muchos cargos de elección popular en el 2024, una reforma electoral no resulta ni conveniente y puede poner en riesgo el propio proceso electoral y la gobernabilidad democrática.
Es evidente que la reforma promovida por el titular del Poder Ejecutivo Federal es una propuesta revanchista, que no cuenta con un diagnóstico adecuado de la problemática que pretende resolver, que pretende desmantelar las instituciones que hemos construido a través de los últimos cuarenta años y que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población ni de las fuerzas políticas.
Es importante recordar que, además de sus funciones como responsable de organizar las elecciones, el INE brinda un servicio permanente de credencialización, utilizado por toda la ciudadanía como medio de identificación confiable y seguro.
Asimismo, cabe puntualizar que los instrumentos de democracia directa y participación ciudadana, como las consultas populares y las de revocación de mandato, únicamente son de utilidad cuando están organizadas por un órgano autónomo e independiente, lo cual garantiza su imparcial y correcta realización y los derechos de la ciudadanía que en ellas participa.
Además, es indispensable enfatizar que lo derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTI+, se encuentran plenamente garantizados a través de las directrices y acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.
Nos encontramos en el proceso de alcanzar la paridad entre mujeres y hombres en los cargos públicos de elección popular, para lo cual el INE ha establecido acciones afirmativas a favor de la participación política de las mujeres y ha generado mecanismos de sanción de la violencia política en razón de género, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos político electorales.
Un tema relevante para la viabilidad de la democracia en el país es que el INE impide la entrada de dinero ilegal a las campañas y que se utilicen recursos públicos para beneficiar determinadas candidaturas, al tiempo que acredita que se respeten los topes de campaña para evitar un gasto excesivo, estableciendo condiciones de equidad en las contiendas electorales.
Adicionalmente, el INE promueve el Estado de Derecho sancionando a quienes incumplen con el marco jurídico y coadyuvando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para brindar certeza a todas sus acciones.
Por todo lo anterior, desde su creación, primero como Instituto Federal Electoral (IFE), y ahora como INE, el órgano electoral autónomo contribuye al desarrollo de una ciudadanía activa para que ejerza derechos y participe de la discusión pública, exigiendo cuentas a los poderes públicos.
El por ello que, desde el Partido de la Revolución Democrática, hacemos una convocatoria a toda la sociedad a participar en la Marcha Nacional en Defensa del Instituto Nacional Electoral, a realizarse el domingo 13 de noviembre de 2022, a las 10:30 horas, en diversas ciudades. YO SÍ DEFIENDO AL INE, YO SÍ VOY A LA MARCHA, EL INE NO SE TOC.
