PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Lo acepte o no Andrés Manuel López Obrador, él es beneficiario del buen desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo antecedente, el Instituto Federal Electoral (IFE), surgió en el marco de la lucha de la sociedad y la oposición para romper el control que el régimen hegemónico tenía sobre los procesos electorales para favorecer su continuidad.
El Instituto se crea como un órgano constitucional autónomo para fortalecer la democracia y garantizar los derechos político– electorales de la ciudadanía, bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad; y evitar intromisiones del gobierno en la organización de las elecciones.
El INE ha cumplido a cabalidad con los objetivos para los cuales fue creado, como IFE jugó un rol fundamental en el proceso de transición política y, ahora, es pilar de la democracia ante los embates del gobierno de López Obrador, quien pretende volver a los tiempos en los que el gobierno controlaba las elecciones en beneficio del partido en el poder.
Por ejemplo, someter a elecciones a las y los consejeros del órgano electoral, como propone la iniciativa presidencial, generaría condiciones inequitativas que indudablemente beneficiaría al partido mayoritario, Morena, que obedece incondicionalmente a López Obrador.
Respecto a la iniciativa de reforma electoral que impulsa López Obrador, la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Parlamento Europeo en materia de derecho constitucional, advirtió que la elección de los miembros del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (el órgano con el que se propone sustituir al INE), y magistrados electorales por el voto popular “no es consistente con los estándares y mejores prácticas electorales…la composición de los órganos electorales es un elemento esencial para la credibilidad de las elecciones.”
Desde el Partido de la Revolución Democrática hacemos un llamado a la Cámara de Diputados a escuchar todas las voces en el proceso de discusión sobre la reforma electoral que ya iniciaron las comisiones unidas de Reforma Política Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población; considerar todas las iniciativas que se han presentado sobre el tema, y no imponer la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Advertimos los riesgos que implican las reformas que propone la iniciativa presidencial. Lo que está en juego es fundamental para el futuro del país. No permitiremos la regresión que pretende López Obrador. La garantía de los derechos políticos-electorales es fundamental para preservar los avances democráticos que rompieron la hegemonía de un régimen, que ahora se ambiciona reinstalar.
