PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
En el marco de la gira que realiza en los congresos estatales para promover la aprobación de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ratificó los fuertes vínculos que unen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Ejército, al abrir la posibilidad de que un militar ocupe la Presidencia de la República.
Sin embargo, hay que señalar que, al proponer que un militar ocupe la Presidencia de la República, el Secretario de Gobernación no habla por sí mismo porque ningún secretario haría una propuesta de esta naturaleza sin la anuencia del titular del Ejecutivo Federal.
Cuestionado al respecto, López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas no tienen aspiraciones de poder; pero si alguien les ha dado un poder sin precedentes en la historia contemporánea del país, es justamente él.
Hoy los militares no sólo son responsables de defender la soberanía nacional, sino están desplegados en todo el país para combatir la inseguridad, controlan una parte importante del presupuesto público, así como áreas estratégicas de gobierno y, por si fuera poco, han formado conglomerados empresariales y son los únicos beneficiarios de las ganancias que generan las empresas públicas que manejan.
Por eso sostengo que no hay duda esta propuesta está en el ánimo de López Obrador quien, aunque ahora lo niegue, pudo haber pedido que se explorara la percepción política y social respecto a esta propuesta y, como es su costumbre cuando una de sus iniciativas no tiene el efecto que espera, reculó.
Aunque, de hecho, el General Secretario, Luis Cresencio Sandoval, ya ejerce un importante poder político al influir de manera determinante en el Congreso de la Unión para que aprobara la reforma citada y en torno a él, tanto López Obrador
como figuras claves de su gabinete, han formado un círculo de protección para evitar que el Ejército rinda cuentas respecto a las funciones administrativas que está realizando, al manejo del presupuesto que tiene a su cargo, a los errores de la dependencia, como el hackeo de Guacamaya; y el fracaso de la participación de la Guardia Nacional y la Sedena en la seguridad pública.
Porque los números no mienten. A pesar del aumento de militares en tareas de seguridad pública, ni los asesinatos ni la violencia ceden, en tanto que los grupos del crimen organizado amplían el control sobre el territorio nacional.
De tal manera que se equivoca López Obrador si piensa que regresar el poder político a las Fuerzas Armadas es la solución a los todos los problemas nacionales. Con casi 17 años en tareas de seguridad, desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha, las Fuerzas Armadas no han entregado buenas cuentas. Habrá que esperar sus resultados en las otras funciones que ahora le han sido asignadas.
Pero lo más grave de entregar cada día más poder a los militares es que esto implica un grave retroceso cuando a México le costó décadas poder romper el dominio gubernamental, político y económico que el Ejército tenía sobre el país.
Y esto no fue fácil, costó décadas de conflicto social que tuvieron un alto costo en vidas. Lograr desplazar a los militares del más alto cargo público de México sentó las bases para la construcción de la nación y el impulso de la democracia y es un error alentar sus aspiraciones políticas porque ello rompería la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.
Es absolutamente lamentable y reprobable que un gobierno que emanó de una amplia participación democrática traicione la confianza de las y los ciudadanos y promueva las condiciones para que los militares regresen al poder político.
