Reforma electoral, ¿a la carta?

PUNTO CRÍTICO

Gabriel Torres Espinoza

 

Ya empieza a ‘cocinarse’, en la Cámara de Diputados, la reforma político-electoral que impulsa el Titular del Ejecutivo Federal.

El martes pasado, la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que, las Comisiones de ‘Reforma Político-Electoral’, ‘Puntos Constitucionales’ y ‘Gobernación y Población’, ya trabajan una nueva reforma que incluya las visiones y planteamientos presentados por todos los Grupos Parlamentarios —plasmadas en un total de 51 iniciativas de reforma constitucional y 57 iniciativas de reforma a la legislación secundaria—, a efectos de construir una reforma que logre alcanzar los consensos necesarios para su eventual aprobación.

Desde luego, el partido mayoritario, Morena, ‘lleva mano’, y pretenderá sacar adelante el mayor número de modificaciones que prevé la iniciativa del presidente de la República, presentada el pasado 26 de abril.

¿Escenarios? La “Coalición Opositora ‘Va-Por’ México”, ha manifestado estar en una intransigente “moratoria constitucional”, lo que, en principio, advertiría un rechazo ex ante a cualquier reforma de carácter constitucional, incluida la electoral.

El quid de la cuestión estriba en que esta Coalición, y su impasse legislativo, terminó por ‘evaporarse’ (haciendo honor a su nombre “‘Va-Por’ México”), cuando decidieron sacarle el expediente al presidente nacional del PRI, para desaforarlo y, posteriormente, meterlo a la cárcel.

¿Qué ocurrió? Que se terminó por aprobar la reforma constitucional que el PRI juró que nunca aprobaría: ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Así que el futuro de la reforma es incierto.

Ahora bien, conviene destacar que, desde la reforma político-electoral, de 1977 —diseñada por Jesús Reyes Heroles—, se han aprobado siete reformas constitucionales más en esta materia, en los años siguientes: 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014.

Todas ellas labraron la ‘transición a la democracia’ y el ensanchamiento de la ‘pluralidad política’ en el país. De modo que su significación ha sido fomentar el progreso democrático, y no el fortalecimiento o la regresión autoritaria de un partido hegemónico.

Más aún, habría que decir que las reformas más importantes, al sistema electoral mexicano, han sido aprobadas inmediatamente después a una elección presidencial, bajo la lógica de compensar a los ‘perdedores’. Por ejemplo, la de 77’, 96’, 07’ y 14’.

Es decir, han tenido un claro enfoque autocrítico de ‘enmienda en retrospectiva’, respecto de una elección anterior; y no de ‘modificación beneficiosa en prospectiva’ con miras a la próxima elección. El otrora presidente, Ernesto Zedillo, cuando impulsó la importantísima reforma político-electoral de 1996 —que dotó al órgano electoral de autonomía constitucional, p. ej.—, llegó a hacer público el motivo que dio lugar a ella: su “triunfo electoral había sido legal, pero no equitativo (justo)”.

Plantear una reforma en el segundo trienio, con miras al 2024, deja hoy muchas suspicacias en el aire. Más dudas que certezas.

Resulta imposible analizar la reforma del Ejecutivo Federal, de 66 cuartillas, en un espacio tan reducido. No obstante, el punto más polémico, sin duda, y en el que más ha insistido el Jefe del Estado, tiene que ver con la elección por voto popular de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral Federal, para “erigir autoridades imparciales y honestas que se mantengan fuera de la lucha del poder”.

Es francamente incomprensible que el presidente proponga lo anterior porque, si bien, dos consejeros del INE han resistido las embestidas del poder alzados y amparados en su autonomía constitucional, ¿no es verdad que tanto al actual como al próximo presidente de la República —hasta ahora el único funcionario electo por el voto de todos los mexicanos— podría ver disputada su legitimidad y poder por funcionarios electorales electos, también, por todos los mexicanos, toda vez que, incluso, podrían captar mayor número de votos que el Jefe de Estado?

En vez de debilitarlos, lo que se haría es fortalecerlos. De forma que lejos de resolver, tal vez se estaría creando un problema de grandes proporciones.

Director Gral. de la Operadora SURTyC de la U de G

@Gabriel_TorresEs

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