PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
El presidente prácticamente ha dejado en manos de las Fuerzas Armadas (FA) la operación de su gobierno. López Obrador ha asignado a los cuerpos militares al menos 227 atribuciones, desde tareas de gran responsabilidad, como la construcción de infraestructura, entre ellas las megaobras, hasta otras de menor relevancia.
La última responsabilidad encomendada a la Secretaría de Marina es la de operadora turística para administrar los servicios que se ofrecerán en las Islas Marías, el otrora complejo penitenciario federal; en tanto que el Ejército creará una nueva aerolínea a través de su empresa Olmeca-Maya-Mexica.
La participación de las FA en tareas de seguridad es la más notoria y la que más ha generado debate, pero en realidad, prácticamente, no hay función pública en la que no estén involucrados el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional.
Todo ello, contraviniendo los artículos 21 y 129 constitucionales, los cuales señalan, respectivamente, que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”, así como que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…”
En materia de seguridad, el presidente justifica la participación de las Fuerzas Armadas a partir de un falso debate. Argumenta que no existe otra alternativa frente al poderío del crimen organizado, el principal detonador de la violencia en el país.
Pero obvia decir que las FA están involucradas en tareas de seguridad desde el 2006, con el sexenio de Felipe Calderón, y la violencia, asesinatos e índices delictivos, en lugar de disminuir, se han incrementado.
También asegura que no hay fuerza policiaca estatal o municipal capaz de enfrentar a las bandas delincuenciales, pero no refiere el abandono, el drástico recorte presupuestal, la falta de capacitación, tecnología e infraestructura que éstas enfrentan desde hace varios años. Tampoco hay que olvidar que, por falta de evaluación, salarios dignos y corrupción; varios de estos cuerpos han sido permeados por el narcotráfico.
Pero el presidente, en lugar de aceptar esta realidad y asumir la responsabilidad que le corresponde, utiliza la polarización para descalificar a quienes cuestionan su preocupante vocación militarista, incurriendo en el exceso de acusar de fomentar un golpe de Estado a quienes cuestionan su decisión de prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y su participación, cada día más amplia, en funciones civiles.
Es una absoluta contradicción que López Obrador argumente que no hay alternativa para combatir al crimen organizado más que la militarización de la seguridad pública, cuando durante los cuatro años de su administración ésta tarea ha estado a cargo de las FA y, a pesar de ello, su gobierno ha alcanzado niveles históricos de violencia, asesinatos y feminicidios; al tiempo que el crimen organizado amplía su presencia en el territorio nacional, ante la ausencia del Estado y la omisión de las autoridades.
Un ejemplo reciente del fracaso de este modelo es la masacre de 20 personas, entre ellas el presidente municipal, de San Miguel Totolapan, Guerrero, en el propio palacio de gobierno. Esta entidad es una a las que han sido destinados el mayor número de efectivos militares.
De acuerdo con datos oficiales, de octubre de 2021, en el marco del Plan de Apoyo a Guerrero, en fuerzas federales de seguridad esta entidad cuenta con 7,236 elementos y 7 aeronaves del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 3,030 de la Guardia Nacional, 2,106 de Fuerzas Estatales y 3,875 Policías Municipales; siendo un total de 16,247 efectivos, que realizan operaciones en las 8 coordinaciones regionales en las que se divide el estado; asimismo, 15,885 militares de los Mandos Territoriales colindantes a esa entidad.
Ello no ha sido suficiente para inhibir los delitos de alto impacto ni la inseguridad en Guerrero, una de las zonas más violentas en el país y con mayor presencia del narcotráfico.
Desde el Partido de la Revolución Democrática reiteramos nuestro respeto por las Fuerzas Armadas. Reconocemos su compromiso con la Nación y su lealtad con las instituciones. Pero estamos convencidos que la República y la democracia sólo tienen viabilidad en la construcción de gobiernos civiles eficaces y transparentes, apegados a la Carta Magna, y respetuosos del estado de derecho, la pluralidad, la diversidad y los derechos humanos.
