PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
A pesar de la promesa de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, hay una clara resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a permitir que las investigaciones encabezadas por la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa (COVAJ), avancen.
Con todo y sus decisiones precipitadas y limitaciones, por la falta de autonomía y los obstáculos que ha enfrentado, la COVAJ tuvo al menos la iniciativa de actuar en contra de uno de los actores clave en la desaparición de los normalistas, el Ejército, pero se topó con la defensa irreductible de las Fuerzas Armadas por parte de López Obrador.
La injerencia de la Fiscalía General de la República en las investigaciones desplegadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que culminó en la renuncia de su titular, Omar Gómez Trejo, significa una obstrucción de la justicia que ha sido cuestionada por diversas organizaciones civiles, organismos internacionales, y por las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos.
De las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la UEILCA contra personas presuntamente involucradas en los hechos de Iguala, la FGR pidió cancelar 21, 16 de ellas contra militares, al tiempo que personal de la Fiscalía, ajeno a la investigación, asumió el control de la UEILCA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso su preocupación por el desplazamiento de la UEILCA en sus funciones ministeriales y del desistimiento de las órdenes de aprehensión, así como del desmantelamiento de esta unidad, al verse reducida en su personal, “lo que impediría la recaudación
de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite.”
La posibilidad de que el exprocurador Jesús Murillo Karam quede libre refleja no sólo las discrepancias ente la Fiscalía y la UEILCA, pues ésta última pidió posponer su detención hasta contar con un expediente sólido, sino que podría representar un fuerte golpe a la credibilidad de las investigaciones. Hay, en las actuaciones de la FGR, respaldadas por el presidente, una manipulación de este asunto para obtener un beneficio político.
Es evidente que el gobierno federal, con la complicidad del Fiscal Gertz Manero, busca a toda costa librar de su responsabilidad al Ejército, a pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en su Cuarto Informe sobre el Caso Ayotzinapa, presenta la revisión de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Marina, así como escuchas telefónicas provenientes de Chicago, Estados Unidos, en donde se evidencia que funcionarios de todos los niveles, incluido personal del 27 Batallón de Infantería, estuvieron en comunicación y coordinación con integrantes del grupo criminal Guerrero Unidos, la noche de la desaparición de los 43 normalistas.
Las pruebas contra militares presuntamente involucrados son graves, pero el presidente está dispuesto a meter las manos al fuego por el Ejército. En un arranque insostenible e inaceptable, acusa incluso a quienes piden se investigue a fondo su participación en la desaparición de los estudiantes, de pretender promover un golpe de Estado.
A ocho años de los lamentables hechos de Iguala, es evidente que el gobierno de López Obrador no tiene voluntad real de llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Ayotzinapa.
Su promesa ha quedado en el aire porque ya dejó en claro que prefiere privilegiar su relación con las Fuerzas Armadas, por encima del clamor de justicia de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
