PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinosa
De acuerdo con el Gobierno de la República, de 1964 a la fecha, se han registrado más de 100 mil personas en calidad de desaparecidas —de las que una cuarta parte corresponde a mujeres y un 20 por ciento a jóvenes menores de 18 años—.
La entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó recientemente su preocupación por esta “desgarradora tragedia” y señaló que “ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Al respecto de esta estremecedora cifra conviene destacar que más del 97 por ciento de esas desapariciones —es decir, casi las 100 mil registradas—, corresponden a los periodos presidenciales que van de 2006 a la fecha. De forma que antes de este periodo, el fenómeno tenía que ver, principalmente, con la “desaparición forzada de personas”, esto es, con aquellas que son cometidas por elementos o agentes de seguridad del Estado para desaparecer a personas por motivaciones estrictamente políticas.
Lo que hoy ocurre en nuestro país es, preponderantemente, la “desaparición cometida por particulares”, que es cometida por bandas o grupos del crimen organizado, que se disputan de manera sangrienta tanto el control del territorio para la venta de drogas in situ (narcomenudeo) como el control de rutas para el trasiego de drogas al país vecino del norte (narcotráfico).
En Jalisco el contexto es particularmente alarmante. En principio, habría que precisar que, durante los sexenios de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval Díaz, el estado de Tamaulipas lideraba el magro y trágico indicador de personas desaparecidas. Sin embargo, en este sexenio, es Jalisco quien ostenta el primer lugar a nivel nacional.
De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), del Gobierno del Estado de Jalisco, hasta agosto de este año (2022), se tiene el registro de 13 mil 624 personas desaparecidas en nuestra entidad —que es líder a nivel nacional—.
Por si fuera poco lo anterior, de acuerdo con información reciente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tan sólo el 15 por ciento de los mil 200 cuerpos inhumados por este ente público, han podido ser plenamente identificados y entregados a sus familias.
La federación, por su parte, en su monitoreo, indica lo siguiente. Con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de diciembre de 2018 a mayo de 2022, se registraron en México 31 mil 677 ‘personas desaparecidas y no localizadas’, de las que el 20.2% corresponden a tan sólo a Jalisco.
Es decir, ¡1 de cada 5 desaparecidos, acaecidos durante este pedido, corresponden a nuestra entidad! Más aún, durante este mismo periodo, según advierte el RNPDNO, se contabilizaron tres mil 132 ‘personas localizadas sin vida’ a nivel nacional, de las que, nuevamente, Jalisco captó el 30.4%, es decir, ¡casi 1 de 3 ‘personas localizas sin vida’ durante este periodo radicaban en Jalisco!
De forma tal, que estos son los cinco estados con mayor número de personas ‘desaparecidas’ y ‘no localizadas’, según el RNPDNO: 1º Jalisco: con seis mil 414; 2º Estado de México: con dos mil 649; 3º Nuevo León: con dos mil 402; 4º Michoacán: con mil 919; y 5º Tamaulipas: con mil 807.
Esto viene a cuenta porque el día de hoy, la Universidad de Guadalajara, saldrá a marchar, de forma pacífica, para exigir la aparición con vida del estudiante Alejandro Soto Martín, visto por última vez el pasado 15 de septiembre, tras ser privado de su libertad en su propio domicilio, en Tlaquepaque.
El contingente partirá desde el edificio de la Rectoría General, para concluir su protesta social pacífica en Palacio de Gobierno. Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, la Universidad de Guadalajara se solidariza con las causas y problemas sociales, como lo es el caso de los desaparecidos.
