PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
La Suprema Corte de Justicia aplazó la votación de los proyectos del Ministro Luis María Aguilar y la Ministra Norma Piña, quienes proponían determinar la inaplicabilidad de la Prisión Preventiva Oficiosa, por considerarla inconvencional, a fin de recoger las propuestas de las y los Ministros, construir consensos y volver a plantearlos al pleno para una nueva discusión.
De entrada, en lo que sí hubo consenso a lo largo del debate que se dio sobre ambas propuestas, es que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos.
A contracorriente de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció a los Ministros por haber retirado el proyecto, dando por hecho que este tema quedó concluido; la resolución de la SCJN está en el aire, pues no ha tomado una decisión definitiva al respecto y, en el peor de los casos, éste se sumará a los grandes pendientes que tiene por resolver la Corte, como es el caso de la militarización de la Guardia Nacional.
La declaración presidencial es el corolario de la campaña de descalificación que encabezó en contra de la Suprema Corte, al señalar que sería una “chicanada” eliminar la prisión preventiva oficiosa, contemplada en el artículo 19 Constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que fomentaría corrupción e impunidad, serviría como pretexto para liberar a “diestra” y “siniestra” a delincuentes e implicaría el fracaso de la estrategia de seguridad de su gobierno, con un falso discurso de que se trata de delitos “graves”, concepto incompatible con el Sistema Penal Acusatorio.
Sin embargo, el presidente evade la discusión de fondo sobre este asunto. En principio, que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa que se aplica a partir de la ampliación de delitos que él impulsó, no ha disminuido la
inseguridad y el índice delictivo; y, por otro lado, que este mecanismo no ha favorecido una aplicación más expedida de la justicia. Es imprescindible reconocer que existen personas que, bajo este concepto, sin ninguna resolución judicial, han pasado privados de libertad más de 17 años.
De acuerdo con el Maestro Alfonso Partida Caballero, Jefe del Departamento de Derecho Público, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, “la prisión preventiva oficiosa o directa se aplica cuando las autoridades te pueden acusar de algo grave, te detienen y no media una valoración previa a la privación de la libertad”,
A decir del académico, “en nuestro país hay más de 92 mil detenidos sin sentencia en las prisiones, lo que representa 40 por ciento de la población y quienes por lo general son los más vulnerables de la sociedad. La consecuencia de esta mala legislación tiene a 40 por ciento de los detenidos sin sentencia y que son, sobre todo, mujeres, jóvenes y pobres”.
En el marco de la discusión que se ha venido dando en México sobre la prisión preventiva oficiosa, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, ha sostenido que dicha práctica “ha sido identificada como contraria a los derechos humanos, a la libertad y seguridad personal, así como a un juicio justo, con debido proceso y garantías judiciales.”
En ese sentido, dicho grupo de trabajo hizo referencia a las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , al que México accedió el 23 de marzo de 1981, donde se contempla la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), así como se
protegen los derechos a la libertad personal (artículo 9), a un trato humano durante la detención (artículo 10), a un juicio justo, independiente e imparcial, con las debidas garantías del debido proceso (artículo 14), así como a la igualdad y la no discriminación (artículos 2.1 y 26).
En suma, al aplicar de manera indiscriminada la prisión preventiva oficiosa, el gobierno de López Obrador no sólo viola el contenido de los tratados internacionales y la Constitución de la República en materia de derechos humanos, sino que utiliza este debate para ocultar su fallida estrategia de seguridad pública, victimizando particularmente a las mujeres y a las personas en situación de pobreza.
