PUNTO CRÍTICO Gabriel Torres Espinoza
El día de ayer, la Contraloría del Estado presentó una nueva denuncia penal más, ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, por irregularidades detectadas en el manejo de las inversiones hechas por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), durante el sexenio pasado.
Al respecto, es importante destacar que la actual contralora del Estado, ha presentado ocho denuncias penales ante la Fiscalía del Estado: cinco de ellas se encuentran en etapa de investigación por un total de 918 millones de pesos; y las otras tres se encuentran judicializadas por un monto de 490 millones de pesos.
Adicionalmente, en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, la contralora ha presentado 15 denuncias penales —incluida la más reciente—: ocho de ellas se encuentran en etapa de investigación por dos mil 344 millones de pesos; y las otras siete restantes, ya judicializadas, acreditan un monto estimado de 300 millones de pesos.
De modo que, la Contralora Teresa Brito Serrano, desde 2016 a la fecha, ha presentado un total de 23 denuncias penales por malversaciones en el Ipejal —ya sea ante la Fiscalía Estatal o la Especializada en Combate a la Corrupción—, por poco más de cuatro mil millones de pesos.
Asimismo, son nueve los ex funcionarios de ‘primer’ y ‘segundo’ nivel del Ipejal, de la administración pasada -únicamente-, los que han sido vinculados a proceso durante este gobierno, entre los que destaca quien fungiera como ex presidente del Consejo de Administración. El anterior contralor, Bañuelos Guardado, aunque presentó 13 denuncias penales, ninguna tuvo relación con el Ipejal.
De cara a una eventual reforma al sistema pensionario del Ipejal, conviene plantearse una pregunta de la mayor importancia: ¿el fondo solidario del Ipejal es público o privado? Es a todas luces, privado; toda vez que deriva de la aportación de los trabajadores para su pensión y jubilación.
En efecto, existe una vertiente patronal que aporta al fondo, pero ésta forma parte del salario del trabajador que es retenida por el patrón. Así es como, de manera convenida, la parte patronal del fondo solidario del Ipejal, misma que el ente público retiene al servidor público y aporta directamente al Instituto (aunque no siempre ocurra esto último), tiene una única finalidad: el afianzamiento de un derecho social, que es el acceso la pensión y jubilación del trabajador al servicio del Estado.
Resulta oportuno discutir también lo siguiente ¿Por qué el fondo solidario del Ipejal, que es de los trabajadores, se le conduce como una extensión presupuestal del Gobierno del Estado, para realizar un sinfín de inversiones (fallidas), fideicomisos, proyectos inmobiliarios y hasta obra pública?
¿Por qué el director general del Ipejal es nombrado unilateralmente por el Gobierno del Estado, y su titular es quien designa, también de manera unilateral, a todos los funcionarios y empleados de este Instituto? Asimismo, ¿por qué la nómina del Ipejal, que asciende a 306 millones de pesos (2022), es pagada con recursos de los trabajadores, toda vez que derivan del fondo solidario de los trabajadores al servicio del Estado?
¿Por qué si los trabajadores son quienes aportan al fondo solidario del Ipejal, no acuerdan nada respecto de las decisiones que toma el Comité de Inversiones (que no representa a nadie, ni rinde cuentas a nadie), ni mucho menos nombran a un solo funcionario en el Instituto?
Por otro lado, ¿Por qué el máximo órgano de gobierno del Ipejal, el Consejo Directivo, está integrado por dos representantes del Gobierno del Estado, uno del Ayuntamiento de Guadalajara, el Director General, y apenas dos representantes de los sindicatos de los trabajadores [uno de la Sección 47 del SNTE —que es un integrante esquirol o ‘cachirul’ del Gobierno en turno—; y otro representado por aquel sindicato “que tenga el mayor número de servidores públicos agremiados y lo acredite mediante la constancia respectiva expedida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón”]? Una proporción, en los hechos, de cinco contra uno.
Es decir, el gobierno tiene una mayoría calificada del 84%, en un Instituto, que maniobra un fondo que pertenece, exclusivamente, a los trabajadores. No al gobierno.
