PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
La corrupción es, en esencia, una forma consentida de gobernar. Cuando están en el poder, les parece que es un derecho que ganaron mediante el sufragio. Cuando termina el periodo de gobierno, se transforma en una pesadilla.
En días pasados fue imputado por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, quien fuera secretario de Educación en el Gobierno anterior.
Permanece en prisión preventiva en lo que se determina su vinculación a proceso, por la inversión fallida de 600 millones de pesos en bonos de deuda de Abengoa, por parte de Ipejal.
Con él serían ¡cinco los secretarios de Estado!, de la administración pasada, que han sido aprehendidos y vinculados a proceso, por el actual gobierno de Jalisco: Tres que fueron titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; y Antonio Cruces Mada, quien fue secretario de Salud, y que aún permanece en la cárcel, a pesar de haber tramitado cerca de 100 amparos para evitar su captura.
Asimismo, otros personajes de ‘primer nivel’ han sido vinculados a proceso y detenidos por la actual administración: Felipe Tuto Lugo, ex titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), quien permanece preso; y Fidel Armando Ramírez, ex titular del Ipejal, durante el sexenio pasado, y quien ahora permanece con arresto domiciliario. Antonio Gloria Morales, fue otro detenido por la compra a sobreprecio de Casa Jalisco, en Chicago, en 2019, pero que fue denunciado por la pasada administración.
No obstante, son ocho los ex funcionarios, de ‘primer’ y ‘segundo’ nivel del Ipejal, los que han sido vinculados a proceso, durante la actual administración: Hugo Alberto ‘N’, ex director de Finanzas; José Wilmer ‘N’, ex encargado del despacho de la dirección de Finanzas; Marco Antonio ‘N’, ex subdirector general; Benjamín ‘N’, ex jefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto; Carlos Gabriel ‘N’, Jefe de Contabilidad; Wilfrido ‘N’, ex jefe de Administración de Fondos; además de Katia ‘N’ ex jefa de Administración del Instituto.
Conviene destacar que, durante el sexenio anterior, también se vincularon a proceso a varios funcionarios de ‘primer nivel’ mismos que ‘pisaron’ cárcel —durante algún tiempo, al menos— aunque ninguno de ellos con nivel de secretario de Estado. El caso más relevante fue el del ex director de Siapa, por el desvío de 280 millones de pesos. Éste fue quien más tiempo permaneció en prisión: tres años.
También estuvo en la cárcel Roberto Valle Pinzón, ex tesorero del Iprovipe, pero obtuvo un amparo y salió. Lo mismo ocurrió con el ex titular de Iprovipe, Jorge Sánchez Martínez. Por su parte, Salvador Uribe Avín, ex titular de Capece, fue otro detenido en dos ocasiones, aunque hoy permanece en libertad.
Por desvío de recursos en el Seguro Popular fueron vinculados a proceso cuatro personajes, pero sólo uno ‘pisó’ cárcel (Álvaro Córdoba Pérez, ex director de Administración), aunque todos obtuvieron amparos que los dejaron en libertad: José Luis Gómez Quiñones, su otrora titular; José Ángel Orozco, ex director de Recursos Materiales; y Fidel Ortega, ex director de Asuntos Jurídicos. También fue vinculado a proceso, el ex secretario general del Congreso de Jalisco, finalmente absuelto.
Otro más, César Coll Carabias, ex titular del CEA, quien permaneció un fin de semana en la cárcel y tras pagar fianza, quedó en libertad.
