DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca comenzó a tratar de terminar con la herencia antimigratoria de Donald Trump. Leyes, disposiciones, políticas públicas, todo el andamiaje dejado por el incitador al asalto del Capitolio era una losa muy pesada para los millones de migrantes “sin papeles” avecindados en la Unión Americana. Además de ser una de las principales promesas de campaña del demócrata.
Sin embargo, cada paso que daba Biden recibía el rechazo judicial que impedía, previa denuncia de algunos jueces, el que terminara con las medidas antiinmigrantes. Inmediatamente después, la Casa Blanca acataba los fallos y lamentaba que no le permitieran cambiar el orden de las cosas.
Todo parecía mostrar que sí había disposición de la administración Biden para remover lo heredado en el tema migratorio.
Sin embargo, la realidad parece ser otra.
Hace unas semanas la Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para que el gobierno de Biden revierta los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocidos como “Quédate en México”, que ha obligado a miles de solicitantes de asilo a esperar en nuestro país la respuesta a su petición hecha al vecino del norte. Lo único que falta es que la Corte Suprema envíe formalmente su fallo a la oficina oval.
De cara a este nuevo escenario, llama la atención la pasividad que ahora manifiesta la Casa Blanca, cuando en meses anteriores había presionado para que le permitieran levantar el MPP.
Quizá la razón sea que al levantar el Quédate en México se comience a generar una mayor ola migratoria en caravanas o sin ellas, lo que podría superar la capacidad de las autoridades migratorias estadunidenses para dar cauce a todas las peticiones de asilo.
De hecho, esta misma semana han comenzado a moverse dos contingentes de migrantes desde Tapachula hacia Huixtla para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) la entrega de documentos que les permitan trasladarse a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos.
Una caravana está compuesta de poco más de 4 mil personas y otra más de 3 mil 700 migrantes. Además de estas personas, recordemos que en las ciudades del norte de nuestro país se encuentran varados al menos 135 mil migrantes que esperan la resolución a su petición de asilo en Estados Unidos.
Es urgente que la administración Biden levante el MPP y se coordine con el Instituto Nacional de Migración, la Comar, refugios, albergues, casas de migrantes, grupos internacionales y organizaciones no gubernamentales para desarrollar un proceso que le permita a los migrantes colocados en ese programa poder presentar sus solicitudes de asilo dentro de la Unión Americana, y con brindarles mayor seguridad y certeza de cara a su petición.
Ya no existe ningún impedimento legal para ello.
