PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Más allá de profundizar aún más la militarización, el presidente de la República no muestra argumentos sólidos para justificar su intención de llevar a cabo una reforma constitucional para integrar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). De lo que sí hay evidencias claras, es que la decisión de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, no ha disminuido la violencia ni la inseguridad.
Apenas a la mitad de su administración, el presidente López Obrador ya superó las cifras de homicidios dolosos del total de los seis años del presidente Felipe Calderón. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los tres años y medio del actual gobierno se han registrado 121 mil 642 asesinatos, superando así los 120 mil 463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. (Universal, 20 de junio de 2022)
Mayo de 2022, con 2 mil 910 víctimas de homicidios y feminicidios, se convirtió en el mes más violento del año.
De tal manera que, como bien sostiene México Unido contra la Delincuencia, “La creciente militarización de la seguridad pública ha sido presentada por los gobiernos civiles que la impulsan como un mal necesario para devolver la seguridad a nuestro país.
Sin embargo, a décadas de su implementación e institucionalización, esta estrategia no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México.”1
Un factor adicional, es que la participación de las Fuerzas Armadas ha incrementado las violaciones a los derechos humanos en México. De acuerdo con el Sistema
Nacional de Alerta de la CNDH, “la SEDENA y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador”. (Radio Zapatista, 7 de abril de 2022)
Es por ello que, desde el Partido de la Revolución Democrática, atenderemos el llamado de las organizaciones Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional, que llaman a las legisladoras y legisladores a no aprobar la reforma militarista del presidente López Obrador que pretende integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Más allá de las declaraciones poselectorales, quienes integran el Congreso de la Unión, senadoras, senadores, diputadas y diputados, tienen que demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista que creó una Guardia Nacional civil en la constitución y que el presidente de la república ha desnaturalizado pintándola de verde olivo”.2
“Entregar la Guardia Nacional a la SEDENA sería el último clavo en el ataúd del Estado democrático de derecho. Aunque el presidente insista en que las fuerzas armadas actúan ahora con responsabilidad, hay al menos 8 eventos de ejecuciones extrajudiciales en su sexenio…cientos de quejas ante una CNDH omisa y la identificación que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha hecho sobre al menos 15 mandos que en este sexenio ascendieron de puesto en una lista de 58 que de 2007 a 2018 fueron acusados de cometer tortura”, afirman estas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Desde el PRD reafirmamos que la moratoria constitucional tiene como fin evitar reformas a la Carta Magna, como esta que pretende imponer López Obrador, que
profundizan la militarización, no resuelve la violencia e inseguridad que padece el país y promueve violaciones graves a los derechos humanos.
1 comentario
Pues, porque no te creo???