PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
La verificación vehicular en Jalisco, es todo un caos plagado de inconsistencias e irregularidades. El costo de la verificación vehicular en Jalisco es de 500 pesos, mientras que en Aguascalientes es de $340.
En Baja California, personas mayores de 65 años y discapacitados, tienen un precio preferencial de $270. En Guanajuato, la verificación cuesta $271. En Monclova, Coahuila, el costo asciende a apenas $88. Se trata, pues, de ¿un negocio?
Incluso, de los 500 pesos que cuesta el holograma, en Jalisco, el 68% va a parar al bolsillo de los operadores de los verificentros, mientras que tan sólo el 32% recaerá en un ‘fondo verde’ del gobierno estatal. ¿Negocio privado y medida recaudatoria, ó, política pública ambientalista?
Veamos las inconsistencias de la verificación vehicular, supuestamente “pro ambiental”.
No existe un modelo de periodicidad diferenciado, respecto de la verificación vehicular, entre automotores “particulares” y de “uso intensivo” [taxis, plataformas, camionetas Pick Up y diésel]. Son estos últimos, quienes deberían tener un periodo de verificación más recurrente en razón de su uso: muchos de ellos, incluso, parecen auténticos ‘chacuacos móviles’ (p. ej. los camiones operadores de gas licuado o taxis amarillos).
Por otro lado, Jalisco cuenta con 536 mil motocicletas (IIEG: 2020) —para ser líder per cápita de motos en el país—, no obstante, están exentas de la verificación vehicular (¿?).
Esto, aunque expertos señalen que, una persona en motocicleta, genera 10 veces más emisiones de CO2, respecto de una persona que hace sus traslados en un autobús de transporte de pasajeros.
Finalmente, aunque los 10 verificentros instalados en la entidad tienen la capacidad de atender a un millón 130 mil vehículos al año —si operaran los 365 días—, la cantidad de automóviles [sin contar camionetas de carga] en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepatitlán, asciende a un millón 840 mil 816 autos (INEGI: 2020).
Es decir, la capacidad instalada de los verificentros es de apenas 61.3% respecto de todo el parque vehicular en estas regiones. Las multas y operativos por no contar con holograma estarán a la orden del día desde julio próximo, con montos que van de los $1,924 a los $2,405.
¿Un gobierno preocupado por el medio ambiente? El discurso gubernamental, entusiasta de la verificación vehicular, y que demoniza al automóvil(ista), parece creer que la mala calidad del aire y el cambio climático se resuelve con ‘autos verificados’. Mientras que MIDE Jalisco, destaca que, en 2021, apenas el 47% de las empresas en Jalisco “cumplen con la normatividad ambiental de competencia estatal”.
Más aún, la superficie (hectáreas) afectada por incendios forestales pasó de 44,403 (ha) en 2018, a 87,641 (ha) en 2021 —las cuales sí causan auténticas contingencias ambientales durante varios días con registros superiores a los 100 puntos IMECA (calidad “mala” del aire)—.
¿Medida criminalizadora, autoritaria, abusiva y represiva del automovilista? Hasta el pasado 11 de abril, 11 conductores fueron detenidos y puestos a disposición del área de Delitos Ambientales de la Fiscalía del Estado, por contar con holograma apócrifo. Tan sólo en el primer día del operativo, detuvieron a cinco.
Esto contrasta con que, de enero de 2018 a julio de 2021, esta unidad de la Fiscalía Estatal apenas integró 104 carpetas de investigación por delitos ambientales: un score de apenas 2.4 carpetas de investigación por mes para un sinfín de delitos y depredadores ambientales en Jalisco. Lo peor del caso es que ¡apenas una de las 104, concluyó en sentencia condenatoria!
Con esta racha y “política ambientalista”, van a faltar centros penitenciarios en Jalisco para peligrosísimos ‘delincuentes ambientales’ consignados por contar con hologramas apócrifos.
¿Una medida recaudatoria? En días pasados, un sondeo electrónico realizado a tres mil 806 internautas por EL INFORMADOR, arrojó que el 89% afirmó que se trataba de una medida recaudatoria.
