A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los familiares solo tienen la certeza de que los restos de uno de los jóvenes fueron localizados en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, del resto poco se sabe.Hasta el momento, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), incluidas en 55 tomos, han llevado a la captura de 128 personas, 70 de ellas acusadas del secuestro de los estudiantes, publica hou 24 Horas,sobre los casi nulos resultados de las investigaciones.
Entre los detenidos se encuentra el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda, así como Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, considerado por el gobierno federal como líder de Guerreros Unidos en el momento de la desaparición. Además, han sido asegurados policías y diferentes personas vinculadas al crimen organizado. Ninguno ha sido sentenciado.
Sin embargo, a 730 días de que fueron vistos por última vez los alumnos, se desconoce su paradero, e incluso, en el último año, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), plantean la posibilidad de que la “verdad histórica” que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, sea distinta.
Las aportaciones presentadas por ambos organismos, llevaron a la PGR a tener nuevas hipótesis sobre el caso. Una de ellas, según fuentes Ministeriales de la PGR, es que los estudiantes fueron divididos en dos grupos, y no privados de la libertad y de la vida en conjunto en el basurero de Cocula como lo informó Murillo. El GIEI y la CNDH detectaron fallas en las investigaciones, así como la posible participación de elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública del municipio de Huitzuco, Guerrero. En abril pasado, los policías de ese municipio declararon ante el Ministerio Público de la federación, que el 26 de septiembre de 2014 no realizaron ninguna labor de seguridad fuera del municipio.
Sin embargo, al solicitar información a las empresas de telefonía sobre la actividad de los equipos móviles de los elementos, se detectó que los celulares de algunos de ellos estuvieron activos el día de los hechos en Iguala. Autoridades de la dependencia buscarán que los dueños de los celulares acudan de nuevo al Ministerio Público para que amplíen su declaración y expliquen las contradicciones en su testimonio, y en su caso de detectar irregularidades, solicitar ante un juez su detención.
