A fin de poner un candado al tema de los “moches” en materia de obra pública en Jalisco, la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano una reforma que regulará la contratación de obra pública, y evitar así el daño al erario público y la vulneración de las instituciones, y el estado de derecho ..
El coordinador de la fracción naranja, Ismael Del Toro, presentó este martes una Iniciativa de Reforma a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco quien destaco entre las características de la misma destacó que uno de sus puntos fundamentales es la denuncia anónima, “también estaremos instando mediante un Acuerdo Legislativo para que la contraloría no encuentre pretexto y realmente realice las investigaciones y podamos tener claridad de qué significa esta red de corrupción, que por lo dicho se cobra el 30 por ciento en la obra pública del Estado”.
Planteó que esta Iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas armonizará con la Ley de Compras Gubernamentales, misma que ya ingresó a primera lectura en el Pleno del Congreso, y en la que se propone atender la siguiente, problemáticas como Ineficiencia, Corrupción, Discrecionalidad, Inequidad y Economía.
Entre los aspectos de la iniciativa destaca el establecimiento de Eliminar la discrecionalidad en la asignación de contratos de obra pública, así como se eliminan las invitaciones restringidas y a tres proveedores, que son procedimientos de concurso que además de propiciar la discrecionalidad, cual limita e inhibe el desarrollo del sector. La modificación al sistema de contratación dando prelación a la licitación pública, asignación por insaculación y asignación directa en sus casos de excepción y topes de valor de contrato y actividad.
Se establece la insaculación como mecanismo de asignación de obra pública para evitar favoritismos e incentivar a la industria de la construcción , lo mismo que la implementación del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública como plataforma única para la contratación y asignación de obra y proyectos.
Igualmente con esta nueva legislación se evita el contacto directo entre funcionarios y contratistas. Registro con clave única para contratistas, que será administrada por la SEPAF, no por la SIOP, y que se trasparentará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública. Este registro será auditado permanentemente por las instituciones integrantes del sistema estatal anticorrupción y los órganos de control interno de los entes gubernamentales. Además de la propia ciudadanía, para acabar con las empresas fantasmas.
