Ante las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de castigo a los cuerpos de seguridad que cometen este tipo de delitos, grupos civiles extranjeros y mexicanos exigieron al Gobierno de Estados Unidos que le cancele parte los recursos de la Iniciativa Mérida a nuestro país, esto ante la reunión programada para esta mañana entre el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, como parte de la gira de trabajo que realiza el mandatario en el vecino país el norte, según información de SinEmbargo.
“Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, según recoge el comunicado del memorándum. De acuerdo con las organizaciones, México no ha cumplido con los requisitos para poder recibir los millonarios recursos del gobierno norteamericano.
El reporte en donde se pide lo anterior está firmada por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Latin America Working Group (LAWG); y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
Las organizaciones recordaron que por primera vez en la historia, el Departamento de Estado decidió el año pasado no certificar a México basándose en su evaluación que no se habían cumplido las condiciones. Los requisitos que solicitan para poder continuar el apoyo es que el Gobierno de México investigue y persiga violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles. Al respecto, los grupos civiles señalaron que el gobierno no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones.
Refieren que no existen condenas en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, y el caso Tlatlaya, que recientemente cumnplió un año y en el que los militares han sido liberados. Las ONGs acusaron que “en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas”. En los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron, recuerdan en el escrito.
