Pablo Lemus y Harold Dutton, vecino del fraccionamiento El Roble, presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una denuncia de juicio político en contra del magistrado Alberto Barba, quien preside la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), solicitando la destitución, y en su caso, la inhabilitación en sus funciones.
Las irregularidades que se imputan a Alberto Barba son la suspensión provisional amplia para la construcción del desarrollo Bosque Encantado; las diversas afirmativas fictas que emitió a particulares para permitir la instalación y funcionamiento de distintos espectaculares, puentes peatonales, pantallas electrónicas y bardas; el permiso para la construcción de la Gasolinera Servicio Tepeyac, que se localiza a tan sólo unos metros de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, pese a que la ley impide su instalación para preservar la integridad de los niños.
También torres habitacionales en la calle Miguel de Unamuno, entregada al particular Alejandro Avelar; así como la torre localizada en las calles Eça de Queirós y Naciones Unidas, donde el uso de suelo impide la edificación en estas zonas; y, finalmente, una gasolinera en la colonia de Atemajac del Valle, cuya resolución fue otorgada por el magistrado Alberto Barba en tan sólo 13 días.
Ismael del Toro, Coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado, afirmó que se cuenta con los elementos jurídicos y de prueba para que en Comisiones Legislativas, y posteriormente en el Pleno, se sancione al magistrado Alberto Barba.dijo que en esta Legislatura, sus miembros han querido poner el ejemplo para cambiar procedimientos y expresó su confianza en que sus compañeros diputados analizarán esta denuncia con profundidad para su discusión.
Harold Dutton, vecino del fraccionamiento Los Robles, afirmó que desde la pasada administración se solicitó la negativa a la inmobiliaria Spinelli Corporation para la construcción de Bosque Encantado. “Soy directamente afectado, somos vecinos con Bosque Encantado (…). Si bien obtuvieron los permisos, señalamos que no se cumplieron con algunas normas legales, como la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001/2003, y así fue como pudieron justificar la tala de cerca de 200 árboles”, dijo.
