Para el líder nacional del PAN Ricardo Anaya, a recién aprobada Ley 3de3, que obliga a empresarios proveedores del gobierno, becarios y otros grupos que reciben apoyo monetario de instituciones públicas a presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, enfrentará una ola de amparos.
La enmienda de última hora “es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales”, dijo y agregó que además, frenará el ímpetu de la exigencia ciudadana que buscaba frenar la corrupción en la clase política.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, adelantó que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Asimismo, solicitará al presidente Enrique Peña Nieto que vete la ley.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que la ley podría ahuyentar las inversiones en la capital.
