En México hay 11 millones de indígenas, pero apenas 24 abogados públicos federales certificados que podrían defenderlos si se ven involucrados en un conflicto con la ley, porque son los únicos que hablan una lengua indígena, publica hoy Excelsior. En 2014, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) había 9 mil 753 mil indígenas en la cárcel, 96 por ciento hombres, la mayoría acusados por delitos del fuero común.
Lo más grave de su situación es que ni siquiera 10 por ciento han podido contar con un traductor para su defensa, estimó Martín Rodríguez Arellano, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas. La CDI advierte que la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados en materia indígena y la falta de asistencia de intérpretes en lenguas indígenas son las situaciones violatorias de los derechos humanos a las que con más frecuencia tienen que enfrentarse
De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública las lenguas en las que están certificados los 24 defensores públicos son el maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, mixteco, mixe, tzeltal, tzotsil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chol, zapoteco y zoque. A la par existen sólo 575 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
El problema es que en México hay 68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. En este escenario el próximo 18 de junio entrará en vigor a nivel nacional el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que tendrá como uno de sus xprincipales desafíos cumplir con el tema de acceso especializado a comunidades indígenas, coincidieron expertos.
