Por unanimidad fue aprobado en comisiones del Senado los nuevos tipos penales en materia anticorrupción, que incluye considerar cohecho la práctica de diputados federales y estatales de solicitar una tajada económica a alcaldes u otros actores políticos y sociales a cambio de asignar partidas del presupuesto federal, para castigarlos hasta con 14 años de cárcel.
Se castigará hasta con 12 años de cárcel al particular que mienta sobre la riqueza que obtiene de las concesiones, contratos y permisos de explotación los bienes nacionales; con seis años de cárcel a los particulares que presuman o utilicen su cercanía con los servidores públicos para negociar con beneficios para sí o para otra persona.
Se inhabilitará hasta con 20 años a los servidores públicos y particulares corruptos e impedirles participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y castigar con hasta nueve años de cárcel a quien “obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes y servicios”.
Y decidió poner alto al uso de prestanombres para ocultar fortunas.
Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”, dice el dictamen.
Aclara que “no será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis (…) En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos”.
