Por 94 votos a favor y 23 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley General De Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, que establece las obligaciones y sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves en materia de corrupción.
Tras un intenso debate que se prolongó hasta las 2:23 de este miércoles, algunos senadores del PRD, decidieron votar en contra, luego de que su intento por reformar el artículo 29 referente a la publicidad de las declaraciones, fallara al no obtener los votos que permitieran arrebatar la mayoría al PRI y PVEM, De esta manera se aprobó un adendum elaborado por los priistas y verde ecologistas que, señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, según informa 24 Horas.
Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes. Entre los objetivos de esta Ley están: establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías; en caso de faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan; y ante la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el ministerio público.
El dictamen busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal, ya que fortalece sus responsabilidades administrativas y las sanciones aplicables por actos u omisiones en qué estos incurran.
