En México se han cometido crímenes que encajan en la definición de crímenes de lesa humanidad, pero que permanecen en la impunidad por falta de voluntad política y porque los responsables son funcionarios de fuerzas estatales o federales, e incluso los Zetas, afirmó Open Society Justice Initiative al presentar su informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México“. El documento, elaborado por la organización internacional de derechos humanos, afirma que existen fundamentos razonables para hacer este señalamiento, pero además, pide investigar y enjuiciar no sólo al que jala el gatillo, sino a los responsables en la cadena de custodia, publica hoy 24 Horas.
Los crímenes cometidos en México en los últimos 10 años, durante el combate al narcotráfico, cumplen con la definición de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma porque existe un patrón generalizado y sistemático contra la población civil, destacó el organismo en conferencia de medios. El análisis, elaborado en los últimos tres años, advierte que hay elementos para responsabilizar el Estado y a los Zetas de ejecuciones extrajudiciales, incluso masivas, desapariciones forzadas y tortura de manera generalizada y sistemática, por lo que cuestiona a las autoridades federales quienes aseguran que son hechos aislados.
En México hay se registraron 580 mil secuestros entre 2007 y 2014, sin embargo, en 2015 sólo había 313 averiguaciones previas por desaparición forzada y 13 condenas. El gobierno ha hecho uso indiscriminado de las fuerzas armadas, quienes han causado daño colateral, pero que no se ha regulado el uso de fuerza y favorece la impunidad.
Open Society recomienda la creación de una Comisión internacional de investigación para que indague los crímenes de lesa humanidad y los casos de corrupción. Ahondar en la asistencia técnica a la Procuraduría General de la República, desarrollar propuestas de reforma, la creación de equipos para investigar desapariciones, la creación de servicios forenses y de protección a testigos autónomos y hacer un plan progresivo para retirar a las fuerzas armadas de las calles, así como aprobar una legislación que regule el uso de la fuerza.
