CENTAURO/Camilo González Lara
Crecemos en una sociedad basada en el discurso y la retórica de políticas públicas, en la que nadie sabe nada de estos temas. Esta mezcla combustible de ignorancia y poder, tarde o temprano, va a terminar explotando en nuestras caras.
Acaso nuestras políticas públicas fomentan la participación activa de la ciudadanía en la prevención situacional y social del delito y los procesos?
Es compromiso, ineludible de conciencia, de los que sustentan el poder y la conducción del Estado, el atender a esta demanda ciudadana debido a la severa crisis de legitimidad y confianza.
Es necesario, que la información relativa a la planificación de la seguridad y los recursos conexos, este disponible para todos, tanto dentro del Gobierno como en el ámbito del público. La gestión, la seguridad, debe encararse con un criterio amplio y disciplinado.
Esto significa que la seguridad preventiva debe regirse por los mismos principios de gestión del sector público, que se aplican a otros sectores del Gobierno, con algunos ajustes menores a fin de contemplar la accesibilidad de confidencialidad propia de la seguridad.
Los proyectos de seguridad deben de comprender esfuerzos para reducir el temor al delito (percepción delictiva) entre la población de nuestra comunidad, así como la promoción y el eventual logro de sociedades más seguras basadas en la recuperación del espacio público y el mejoramiento de las condiciones de convivencia ciudadana.
La condición inicial para reformar democráticamente a las instituciones de policía es la generación de entornos institucionales ampliamente deliberativos que permitan el intercambio de opiniones vertidas por grupos de poder.
La diversidad de opiniones debe gestionarse a partir de negociaciones sobre el tipo de policía que se quiera desarrollar con base en las coincidencias de estos grupos que, en última instancia, son coincidencias sobre el modelo de sociedad democrática que buscan; no obvio las tensiones implícitas en las relaciones de poder a partir de la formulación de políticas de seguridad y propone una alternativa conciliadora entre los intereses de quienes formulan las políticas y los grupos excluidos.
Las viejas posturas son sustituidas por planteamientos que rescatan, actualizan y nunca resuelta tensión entre política y políticas. En la discusión contemporánea se invita a poner la atención no sólo en la formulación, sino también en el proceso político, reconociendo que las categorías de las políticas están atravesadas por los diversos enfoques políticos.
El motor de estos procesos es la voluntad política y la ganancia concreta que pueda representar la reforma policial para un grupo en el poder. La mayoría de las iniciativas retóricas de reforma policial tienden a enfatizar los puntos más populares para el electorado y la parte técnica de la reforma policial, minimizando los elementos de conflictividad que se necesitan para su instrumentación. Por lo tanto, se requiere un liderazgo político efectivo y certero que enfrente los riesgos y conflictos que conllevan los cambios.
Los cambios organizativos asociados a la policía metropolitana buscan promover ejecutivos que tomen riesgos, que tengan calidades que puedan incentivar a los policías a perfeccionarse y a actuar innovadoramente.
La iniciativa de un esfuerzo metropolitano de los cuerpos policíacos, es el reto; es un proceso más que un producto.
