Entre 2013 y abril de 2014 se registraron 82 casos de ataques a defensoras y defensores del derecho a la tierra, que involucraron amenazas, agresiones físicas, intimidaciones, hostigamientos judiciales y hasta asesinatos, denunció el abogado Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Del total de agresiones, poco más de la tercera parte (29 casos) ocurrieron en los primeros cuatro meses de este año, publica hoy el portal de noticias Sin Emabrgo.
La cifra, además, duplica a la registrada por Cemda en el periodo 2011-2012, cuando documentó 41 ataques, a partir de revisiones hemerográficas y de los casos que conoce. Las amenazas fueron la principal forma de agresión, pero también ocurrieron agresiones físicas, intimidaciones, 13 casos de criminalización, seis ataques a comunidades enteras y 14 a organizaciones que apoyan las luchas de los defensores y cuatro asesinatos.
De los 82 casos de agresiones referidos, 35 ocurrieron en Oaxaca, muchos de ellos relacionados con la instalación de parques eólicos. Otros estados donde la organización detectó varios casos son Puebla, Estado de México y Morelos. Además de los proyectos eólicos, el Cemda también registró ataques en casos relacionados con proyectos mineros, hidráulicos o carreteros. Los datos fueron referidos por Cerami durante la presentación del informe anual 2014 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa internacional para protección de defensoras y defensores de derechos humanos.
El informe titulado “No tenemos miedo”. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado refiere a su vez datos que muestran un panorama similar de agresiones a nivel mundial: entre enero de 2011 y agosto pasado se registraron 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones civiles.
63 casos de vulneraciones contra la integridad física de 122 defensoras y defensores; y 43 asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 casos de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañados de detenciones arbitrarias. Tanto a nivel mundial como en el caso de México una constante es que los principales responsables de las agresiones son agentes del Estado.
