Con el objetivo de consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la prevención y el combate de la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de todos los servidores públicos de los poderes de la unión, así como de los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra institución o persona que utilice, participe, aplique, maneje o administre recursos federales, es impostergable la creación del Instituto Nacional Anticorrupción y Control (INAC), sentenció el Senador por Jalisco, José María Martínez Martínez.
“La Creación del Instituto Nacional Anticorrupción y Control es una propuesta que en búsqueda de iniciativas estratégicas, generen un espacio para la prevención, desde la mejora administrativa como herramienta de control y combate de la corrupción”, expuso.
El Vicepresidente de la Comisión Permanente, señaló que en México, el tema de la corrupción está mediatizado y requiere no una, sino varias intervenciones estratégicas que haga creíble y efectiva la lucha contra la corrupción y que evidencien un éxito o resultados positivos antes de que puedan surgir cuestionamientos.
Martínez Martínez, dijo que necesario para la consolidación de un Estado de derecho con una sociedad donde predomine la moral, la ética y los principios democráticos, dentro de una nación libre de corrupción, con un sistema de vida digno para todos, será a través de la implementación de políticas públicas y privadas que establezcan las bases institucionales necesarias para combatir la corrupción en todos los niveles y actividades de la sociedad.
“Las prácticas de corrupción que se presentan en un Estado se expanden desde el interior de la sociedad hasta el ejercicio de las funciones públicas, generando con ello una serie de repercusiones negativas cuyos efectos impactan en distintos ámbitos de la realidad nacional; ejemplo de ello es la capacidad que tiene el fenómeno de inhibir el desarrollo equitativo de la población; favorecer la consolidación de elites y burocracias políticas y económicas; afectar la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, e impedir que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad”, comentó.
Cabe señalar que el INAC operará bajo un esquema que se divide en tres atribuciones:
1.- Consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la prevención y el combate de la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de todos los servidores públicos de los poderes de la unión, así como de los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra institución o persona que utilice, participe, aplique, maneje o administre recursos federales.
2.- La mejora del desempeño de todo servidor público de los poderes de la unión, así como de los órganos constitucionales autónomos y/o cualquier otra institución o persona que utilice, participe, aplique, maneje o administre recursos federales. y la innovación de procesos para hacer efectivo y confiable su actuar.
3.- La investigación de los delitos cometidos por servidores públicos a través de la Fiscalía Especial a su cargo y en caso de ser procedente el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes en los términos de la ley.
El Senador integrante del GPPAN, expuso que el Instituto Nacional Anticorrupción y Control, estará presidido por 5 consejeros que serán elegidos por el Senado de la República. El procedimiento de elección será mediante convocatoria pública.
En ese mismo sentido, abundó que el Fiscal Superior que será el encargado de la investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos será nombrado por votación de los Consejeros integrantes del INAC y deberá cumplir los mismos requisitos que el Procurador General de la República, y las resoluciones del INAC serán inatacables, situación que no dejará espacio para que un órgano de gobierno modifique la resolución.
Por último recordó que en los últimos diez años, en México, se han logrado importantes avances institucionales en materia de rendición de cuentas, entre los que destacan: la creación de la Auditoría Superior de la Federación; la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros.
