Por Eugenia Barajas
¿Quién conoce el contrato o las condiciones del crédito? Nadie conoce el clausulado, obligaciones, condiciones y destino del recurso, lo que hace prácticamente inexistente el crédito, nadie tiene certeza, en el Poder Legislativo, que exista.
Esa es la duda que expuso la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Jalisco, para siquiera manejar el adeudo que el Gobierno del Estado dice tener por 1 mil 400 millones de pesos en un crédito quirografario, que se adquirió de forma irregular para pagar los Juegos Panaméricanos, mucho menos enfrentar el pago total.
Los tricolores comandados por Miguel Castro argumentaron que “este Congreso del Estado en ningún momento ha tenido conocimiento de los alcances, términos, obligaciones, condiciones, garantías, penas y sanciones del contrato de préstamo a corto plazo. En este sentido no existen condiciones para resolver la procedencia (o no) de que las obligaciones contraídas por el Estado puedan trasladarse al ejercicio 2013”.
Pero además, en la iniciativa de presupuesto que mandara el ejecutivo al Congreso, “solamente se señala el pago del capital y los intereses, estableciendo su origen en un crédito cuyo objeto no se justifica como inversión pública productiva, violando a todas luces las disposiciones que regulan el objeto de inversión en materia de deuda; es decir, resulta incongruente que exista el egreso mencionado sin ningún elemento de sustento en el ingreso”.
Además de eso existen otras inconsistencias, como la falta de informes sobre el destino de la deuda, la que no se dio de alta en el registro estatal de deuda, nunca se informó al Congreso el otorgar los ingresos en garantía sin autorización, cuando “sólo el Congreso del Estado está facultado para autorizar la afectación de los ingresos propios como garantía crediticia” y que se miente en la propuesta del Ejecutivo: “en su página XV, señala lo siguiente: ‘4.05% a deuda pública, que incluye los pagos de intereses y capital de créditos contraídos por el Gobierno del Estado y autorizados por el H. Congreso del Estado’.
“Esta afirmación se estimó de falsa, en virtud de que dicho servicio de la deuda, como lo confirman tanto la ‘Proyección Pago Deuda Documentada 2013’ como la ‘Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto (UR 19 DEUDA PÚBLICA, página 180)’, incluye la amortización del capital por 1,400 millones de pesos, el pago de intereses por 90,289,248 pesos y el pago de comisiones por 12,180,000 pesos, todos ellos correspondientes a un crédito de corto plazo, de los que en términos de ley y en sentido estricto, no constituyen deuda pública y en consecuencia no era procedente aceptar el pago con cargo al egreso 2013 en los términos propuestos por el ejecutivo”.
Por tanto caso de que el Ejecutivo no realice el pago, los servidores públicos tendrían que asumir su responsabilidad y en su caso las sanciones administrativas derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco por los daños y perjuicios generados en detrimento y quebranto del Patrimonio del Estado como son el incremento en los costos de las obligaciones de corto plazo y la alerta para el mercado financiero que afectará la calificación crediticia.
Esto último se traduce que en caso de que no se pague esta administración el adeudo, se interpondrá una denuncia penal en contra de los servidores públicos involucrados en el mismo.
