Por Eugenia Barajas
Al menos dos Amparos presentados en tribunales detuvieron las intenciones de ser Notarios Públicos al ex Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán y al Procurador del Estado, Tomás Coronado Olmos, además del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez.
De los al menos 7 juicios de Amparo que se han interpuesto en el mismo sentido y de los cuales dos tiene copia este medio, que recayeron en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinaron la suspensión del proceso de estos tres actores hasta que se llegue al fondo del asunto.
En uno de ellos interpuesto desde el 26 de octubre por una abogada, se queja contra el ex Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán y el Procurador, Tomás Coronado, solicitó que se les invalidara el proceso de evaluación, lo que concedió el juzgador y no se les podrá entregar su patente de Notarios y no podrán concursar para la asignación de una Notaria.
Ambos personajes realizaron el pasado 2 de octubre la evaluación para aspirar a la patente, cuando unos días antes, el 18 de septiembre, el Consejo de Notarios votó que ninguno de los dos cumplían con los requisitos que marca la Ley del Notariado para aspirar a ese cargo, pese a todo, el 5 de octubre se dio cuenta que ambos funcionarios habían alcanzado las calificaciones necesarias, Guzmán con 92 y Coronado con 90 puntos, procesos avalados por el presidente del Colegio, Manuel Bailón.
En el caso de Guzmán no tiene estudios de postgrado, ni las prácticas notariales, y en el de Coronado, se contrapone ser funcionario público en activo y aspirar a una Notaria.
En el otro Amparo se lee así la suspensión, “se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el único efecto de que, una vez llegada la ETAPA FINAL DEL PROCEDIMIENTO para designar nuevos notarios públicos, la autoridad responsable se abstenga de hacer la declaratoria correspondiente y expedición del Fiat, respecto de los aquí terceros perjudicados como nuevos notarios públicos, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Agrega el juez, “en virtud de que no se dejaría a la sociedad sin el servicio notarial, además de que habiéndose cuestionado dicho procedimiento, la sociedad está interesada en que los nombramientos resultantes estén exentos de cuestionamientos, para garantizar la seguridad jurídica de los gobernados que requieran de sus servicios y de las operaciones que autoricen”.
Otro de los afectados con los Amparos es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Celso Rodríguez, quién ya había sido asignado a la Notaria 34 de Guadalajara y que también incumple con los requisitos, ya que no puede ser funcionario y aspirar a una patente al mismo tiempo, sin embargo el gobernador, Emilio González, al parecer se la otorgó en pago de algunos favores y de interponer juicios en contra del Congreso del Estado.
El Amparo contra Celso también incluye como responsables al gobernador, secretario General de Gobierno, presidente y Secretario del Colegio de Notarios, los Sinodales, los consejeros que avalaron el examen pese a las irregularidades, y como terceros perjudicados además del presidente del STJ, a José Guillermo Meza García, Guillermo Rentería Gil y Ricardo López Camarena.
Con ese recurso se determinó detener la entrega de la Notaria 34 a Rodríguez González, con lo que es probable que en enero que termina su periodo al frente del tribunal, no pueda ejercer como Notario y se incorpore a su Sala en el Supremo.
La intención de interponer estos Amparos es frenar al gobernador, Emilio González en su intención de repartir las Notarias entre sus amigos, algunos de ellos son funcionarios del gobierno y que no cumplen con los requisitos o son premio por algún favor político, de modo que se alarguen los procedimientos para llegar al fondo del asunto, dar tiempo a que llegue a la gubernatura, Aristóteles Sandoval y negarles toda posibilidad de ser Notarios.
