Por Eugenia Barajas
Se llegó el día de arranque de la LX legislatura, el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Clemente Castañeda fue enfático al recibir un Congreso que dijo, esta saqueado, quebrado y en ruinas.
«Y peor aún, sumido en el descrédito y en la desconfianza, rodeado por los escándalos, fracturado por los intereses partidistas y repudiado por los ciudadanos. Esta es la herencia de los políticos que actúan bajo la consigna de sus intereses, de los que no quieren que nada cambie, de los que creen que pueden vivir en la total impunidad», dijo al hacer su posicionamiento.
Puntualizó que el primer paso para renovar el poder público será clarificar de una vez por todas lo qué no debe ser un Poder Legislativo.
«Permitanme decirlo sin eufemismos: el Congreso no debe ser el botín de los partidos políticos, ni agencia de colocación de personal, ni un lugar para pagar favores; el Congreso no puede ser el espacio para consumar negocios personales ni de grupo; el Congreso no debe ser la institución pública que le da la espalda a los ciudadanos; el Poder Legislativo no puede ser una instancia sometida a los intereses de un gobernante o de los poderes fácticos. El Congreso no puede ser el epicentro del abuso de poder, la simulación y la rapiña».
Sostuvo que la fracción de los cinco diputados de Movimiento Ciudadano estará dispuesta a sumar voluntades y construir acuerdos sin filias, ni fobias partidistas, que se dialogará de frente con todas las fuerzas políticas para encontrar coincidencias e impulsar las transformaciones institucionales que requiere el estado.
«Pero de una vez queremos dejar claro que no caeremos en el juego de las cuotas partidistas, en la perversión de las negociaciones cupulares y en la cerrazón de las burocracias partidistas».
En la tribuna, junto al Gobernador Emilio González, el presidente del Poder Judicial, Elso Rodríguez y del de la Mesa Directiva, Hernán Cortés, el joven coordinador dio a conocer la agenda de prioridades de PMC la que se concentrará en repensar el papel de los poderes públicos, para generar mejores condiciones materiales para los que menos tienen, para combatir la desigualdad y la marginación; para reconstruir los esquemas de seguridad pública y de participación ciudadana.
«Aprovechamos este momento para reafirmar nuestro compromiso con la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas; nuestro compromiso para erradicar los vicios y las malas prácticas que lamentablemente se han institucionalizado. Denunciaremos las prácticas y comportamientos que vayan en contra de los intereses ciudadanos», finalizó.
