Derechas latinoamericanas golpistas

DIVISADERO

Eduardo González Velázquez

 

Desde su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú en 2021, Pedro Castillo enfrentó de manera sistemática el rechazo de los grupos potentados del país sudamericano.

El triunfo de un maestro rural se miraba como una ofensa para quienes se piensan dueños del país. Al tiempo, más pronto de lo esperado, también comenzó a mirar como menguaba el respaldo popular con el que había alcanzado la presidencia.

Asimismo, varias acusaciones por presuntas acusaciones de corrupción e incapacidad moral permanente lo fueron acercando al cadalso político. Sin negar las posibles prácticas de corrupción y algunos desatinos en su mandato, así como intentar disolver el Congreso, llamar a elecciones para un constituyente y emprender la reorganización del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, no podemos dejar de reconocer que lo realizado por el Congreso peruano fue un golpe de Estado desde el legislativo.

El Congreso destituyó a Castillo por una abrumadora mayoría (101 votos a favor, solamente 6 en contra y 10 abstenciones), acto seguido, la fiscal, Patricia Benavides ordenó su detención en la Prefectura de Lima por la Policía Nacional, y se nombró a la vicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva jefa del Ejecutivo, quien pidió una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de todas las fuerzas políticas.

La historia que estamos viviendo no es ajena a la realidad peruana. Todos los expresidentes vivos de aquel país desde 1990 han sido investigados por diversos motivos. Alejandro Toledo está en libertad bajo fianza en Estados Unidos; Alan García se suicidó antes de que le dictaran prisión preventiva; Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva, aunque ya está libre; Pedro Pablo Kuczynski está bajo arresto domiciliario; Martín Vizcarra está libre, pero bajo investigación. Alberto Fujimori es por ahora el único que cumple prisión efectiva.

Perú no tiene el procedimiento de juicio político por corrupción, pero tiene el procedimiento de la alternativa de vacancia presidencial por incapacidad moral, que ha permitido la destitución de presidentes como Alberto Fujimori, Martín Vizcarra y ahora Pedro Castillo.

El país sudamericano enfrenta desde hace muchos años una escalada en los niveles de degradación de su clase política que los tiene metidos en una profunda crisis institucional. No solamente es la corrupción, las prácticas clientelares en el seno del legislativo, sino la lucha feroz por las clases sociales poderosas que se niegan en todo momento a dar paso a gobierno que medianamente busquen cambiar la dinámicas políticas y económicas que tienen secuestrado al país en beneficio de unos cuantos, así como la debilidad institucional de quienes ocupan la presidencia de la nación.

No debemos llamarnos a sorpresa. Lo que estamos viendo en Perú es el resultado de una rápida y efectiva maniobra desde la oposición para sacar del poder a Pedro Castillo mediante un golpe de Estado.

Así las cosas, nada parece indicar que la suerte del expresidente Castillo vaya a cambiar, lo llevarán a un proceso penal que podría culminar dándole una condena de entre 10 y 20 años.

Nuevamente se confirma que las derechas latinoamericanas son golpistas.

Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.